En Argentina, la «patria monopólica» suma más poder

Uno de ellos es el titular de Agricultura, Julián Domínguez, quien se opuso a un aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y logró imponer ese criterio al PEN. También negó que este sector haya tenido ganancias extraordinarias. Asegura que los productores vendieron sus cosechas antes de la suba de precios por la guerra en Ucrania y deben afrontar insumos y combustibles más caros para las próximas siembras.

El presidente Alberto Fernández y el ministro Julián Domínguez.

El presidente Alberto Fernández y el ministro Julián Domínguez.

Por Sergio Ortiz. Los precios vuelan en misiles y los ingresos van al trotecito. Monopolios mienten que no tuvieron renta extraordinaria. Por supuesto que hay formas de resolver la crisis del país, pero con un programa antimonopolista y antiimperialista que rechaza el gobierno de los Fernández y Massa, en acuerdo con el FMI.

La UIA y el PRO mienten, el Ministerio de Agricultura les cree

El 12 de abril pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló de un posible gravamen a ingresos extraordinarios. Sin abundar en detalles, la idea era gravar a las grandes empresas que en 2021 hubieran tenido una rentabilidad de más de mil millones de pesos.

No es un universo muy amplio el que puede exhibir semejante superávit. Serían 19.700 empresas, con los nombres top de siempre, como Molinos, Arcor, Aluar, Techint y otras representadas en la Unión Industrial Argentina y la Asamblea Empresaria Argentina. La representación política del segmento lo tuvo y tiene la derecha de Juntos por el Cambio. Hay dirigentes del peronismo que también expresan a esos monopolios, como Sergio Massa, Julián Domínguez, Juan Schiaretti y Alberto Fernández.

Los empresarios aludidos saltaron como leche hervida en contra del eventual impuesto, con comunicados de la UIA, AEA y otras cámaras. El titular de la primera, Daniel Funes de Rioja, que también preside la rama de la alimentación, COPAL, reiteró esa negativa ayer a la salida de la Casa Rosada, donde se había reunido con el presidente de la Nación.

Esos hombres de negocios saben que el impuesto es más que nada una jugada política de Guzmán y Fernández para aparentar que van a buscar recursos entre “los que más tienen” para financiar los bonos anunciados la semana pasada para jubilados, monotributistas y sectores más castigados por la crisis y la inflación.

Clarín publicó que uno de esos popes empresarios le preguntó a Guzmán por el citado impuesto, teniendo en cuenta que los números del Congreso no habilitarían su aprobación. Y la respuesta habría sido: “No se va a aprobar. Pero nosotros primereamos y le sacamos la bandera a Cristina”.

O sea que lo del ministro y el presidente respecto al nebuloso impuesto es pura sarasa. Otros funcionarios directamente se oponen a la idea y le niegan fundamentos. Uno de ellos es el titular de Agricultura, Julián Domínguez, quien se opuso a un aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y logró imponer ese criterio al PEN. También negó que este sector haya tenido ganancias extraordinarias. Asegura que los productores vendieron sus cosechas antes de la suba de precios por la guerra en Ucrania y deben afrontar insumos y combustibles más caros para las próximas siembras.

Ese rol de defensor “del campo”, léase de los grandes productores, explica por qué la Mesa de Enlace Rural no acompañó formalmente el tractorazo en Ciudad de Buenos Aires. Por lo bajo lo apoyaron y algunos se subieron a los tractores, como el titular de la Suciedad Rural, Nicolás Pino, y anduvieron a los abrazos con Rodríguez Larreta, Bullrich y otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Domínguez estaba en Israel sino los hubiera recibido amablemente. Los agrogarcas pueden cortar las calles en CABA; los movimientos de desocupados no y se amenaza con reprimirlos policialmente.

Poniendo parches, léase, bonos

Las alarmas sonaban desde hace bastante tiempo, por la grave situación social que sufren los 17.4 millones de pobres e indigentes que relevó la estadística del INDEC. Y cuando este organismo publicó que la inflación de marzo había sido del 6,7 por ciento, con un acumulado del 16 para el primer trimestre, ahí el gobierno pareció despertarse y anunció algunas medidas.

De todos modos no se decidió a tomar el toro por las astas. Apenas a confirmar un bono de 6.000 pesos para los jubilados que ganan menos de 38.630 pesos, al que luego añadió otro bono por 12.000 pesos. Este último lo podrán cobrar los jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos. Una suma igual, de 18.000 pesos se entregará en dos cuotas de 9.000 a los precarizados, monotributistas, etc.

El límite de esos bonos es bien finito porque una compra en un supermercado para una familia tipo se acerca a esa suma. Esa gente tendrá alimentos por diez días y después seguirá sufriendo muchas necesidades.

Téngase en cuenta que el salario mínimo, vital y móvil en abril de este año es de 39.840 pesos y que la jubilación mínima, que cobra la mayoría de los 7.1 millones de jubilados y pensionados, es de 32.630 pesos.

Esos haberes se van actualizando en forma tardía y en cuotas, caso del salario mínimo. En abril se pactó en el consejo respectivo y con el visto bueno de la burocracia sindical, un aumento del 45 por ciento para todo el año, en cuatro cuotas.

¿Y no hay manera de modificar en forma práctica y más rápida esa terrible situación de millones de compatriotas? El posibilismo dirá que no, que no se puede, que no da la correlación de fuerzas. Y el neoliberalismo de los Macri, Larreta, Milei, la UIA y la Suciedad Rural dicen que no, que la receta es aplicar un ajuste mucho más duro que en 2015-2019, incluyendo dolarizar la economía, ampliar la flexibilización laboral, achatar las jubilaciones, dinamitar el Banco Central, cerrar Aerolíneas y privatizar la otra mitad de YPF.

Por supuesto que hay formas de resolver la crisis del país, pero con un programa antimonopolista y antiimperialista que rechaza el gobierno de los Fernández y Massa, en acuerdo con el FMI.

Si no se quiere un cambio popular de fondo, por lo menos habría que crear impuestos para que paguen más los que más tienen, los que fugaron capitales y los que tuvieron ganancias extraordinarias. Sebastián Premici, en El Cohete a la Luna (24/4), dio algunos ejemplos de esa elevada rentabilidad. Ledesma, de la familia Blaquier, embolsó 2.054 millones en seis meses. Aluar, de Madanes Quintanilla, también en seis meses ganó 12.786 millones de pesos. Molinos Río de la Plata, de Pérez Companc, tuvo ganancias netas por 4.987 millones de pesos.

El problema es político: este gobierno de ratones no se atreve a ponerles cascabeles, léase impuestos, a esos gatos.

Es la política

El gobierno siente frío por la espalda cuando piensa en 2023, más allá que AF haya gritado en un acto de José C. Paz, “un carajo estamos perdidos”. De allí el origen de aquellos bonos, que además de tener corto efecto en los bolsillos populares tampoco generan un gasto imbancable para el gobierno, incluso maniatado como está por el acuerdo anunciado el 25 de marzo pasado con el FMI. Los economistas estiman que su costo sería de unos 180.000 o 200.000 millones de pesos. Para tener una idea comparativa eso es similar a la ganancia que tendrán este año los bancos privados, en particular los diez primeros que se llevan la parte más sustancial de la torta.

Si los 3 IFE que se pagaron en 2020 fueron plata y los paliativos de 2021 antes de las legislativas fueron “platita”, los bonos de ahora son unos pesitos.

Sobre todo porque además de su poco monto están erosionados por la inflación. Y este tema nos remite de nuevo a los monopolios, el factor fundamental del alza de precios, en particular de alimentos.

En cambio, para el ministro Guzmán, la voz cantante del gobierno del FDT, la inflación es harina de otro costal, como reiteró en declaraciones a la prensa en Washington al concurrir a la asamblea del FMI-Banco Mundial. Ahí declaró: “para atacar la inflación lo que primero se necesita es un programa fiscal, monetario y cambiario y eso es lo que hemos trazado. Es fundamental que Argentina experimente un crecimiento de su generación de divisas para fortalecer la estabilidad cambiaria y que crezca en las reservas internacionales. Eso se complementa con políticas de precios, de ingresos”.

O sea, la clave es bajar el gasto público y la emisión, y juntar divisas. Lo complementario serían los precios e ingresos. La verdad anda por otro lado, opuesto: controlar a los monopolios y los precios, subir los ingresos de los trabajadores, y aumentar la recaudación con más impuestos a los que más tienen, además de no pagar la estafa de la deuda externa realizada por el gobierno de Macri y Christine Lagarde-David Lipton.

La firma del reciente acuerdo con el FMI marcó una línea divisoria política y económica: el corrimiento del gobierno hacia la derecha se hizo más pronunciado. Esto se acentuó con la guerra en Ucrania, con un alineamiento mayor de Argentina con Estados Unidos y la OTAN, condenando a Rusia en la ONU, el Consejo de los Derechos Humanos y la OEA.

Washington es la meca de Guzmán y el equipo económico, de Gustavo Béliz, Sergio Massa y Santiago Cafiero. En junio irá otra delegación a EEUU, con el presidente a la cabeza, para la IX Cumbre de las Américas de la que vienen marginando a Cuba, según denunció su canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

Domínguez está en Israel junto a Eduardo de Pedro y Daniel Filmus, mientras la policía israelí reprime ferozmente al pueblo palestino, incluso en la mezquita de Al Aqsa.

Y encima, como frutilla podrida de este menú, llegó a Buenos Aires la general Laura Richardson, del Ejército norteamericano, titular del Comando Sur con sede en Miami, que administra las 76 bases militares yanquis en Latinoamérica y el Caribe. La recibieron el ministro de Defensa Jorge Taiana y la vicepresidenta Cristina Fernández, una vergüenza. ¿Le preguntaron por la base 77? La de los ingleses y la OTAN en Monte Agradable, en nuestras Malvinas? Respuesta obvia. No. De eso no se habla. Eso no se dice. Eso no se toca.

Sergio Ortiz: Periodista y referente del Partido de la Liberación de Argentina

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