Con diferentes matices y hasta intereses, desde 1943 hasta junio de 1975 se defendía el mercado interno, el trabajo y la producción nacional, se invertía, se compraban y vendían propiedades en nuestra moneda nacional. El “Rodrigazo”, un shock regresivo basado en una devaluación del 160% del peso, sumado al previo levantamiento de los organismos de control de precios dirigidos por Miguel Revestido [1], generalizaron una inflación incipiente que estalló con la devaluación, degradando el salario real y nuestro dinero.

Poder económico que se concentró y fortaleció con la dictadura militar y el plan de Martínez de Hoz, que consistió básicamente en la apertura externa comercial y de capitales para subordinar la economía nacional a la mundial. Para ello fue necesario dotar de poder a los bancos, organizar los mecanismos de deuda y de desfinanciamiento del aparato productivo para desplazar en esas funciones al Estado, todo en un marco de crisis y de severa represión, que en los gobierno posteriores -salvo la excepción kirchnerista- implicó la herencia de la deuda y los compromisos asumidos con su regente y fiscalizador, que es el FMI.

Obviamente que el poder económico tiene sus contradicciones internas, que dirimen puertas adentro, pero hacia afuera se fijan parámetros que todos respetan y hacen respetar. Nadie puede dudar de la vigencia de la reforma financiera de 1977 cuando observamos atónitos que en plena crisis provocada por la pandemia del Covid-19 el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cumpliendo con esa legislación, permite que los dólares de deuda estatal sean comprados y fugados, que las empresas paguen deudas propias (reales o supuestas) con las reservas internacionales del BCRA, que las entidades financieras ganen fortunas por no prestar y la mayor parte de los depósitos que captan se den vuelta, se los den al BCRA y éste pague por ello, solamente en el mes de marzo, 125.000 millones de pesos; que el total de las letras que tienen los bancos en el BCRA llamadas LELIQs asciendan a fines de abril a 2 billones de pesos (al tipo de cambio oficial, más de 20.000 millones de dólares), masa de dinero inmovilizada que crece exponencialmente y que esta gestión multiplicó por tres desde el 10 de diciembre de 2019.

Por respetar la reforma financiera de 1977, el año pasado, habiendo obtenido el país un superávit comercial de 12.528 millones de dólares, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares. Y en lo que va de 2021 dichas reservas brutas suman 40.257 millones de dólares (acrecentándose en 800 millones con respecto a diciembre 2020) mientras solamente ACIARA-CEC (granos, harinas y aceites) declara haber liquidado exportaciones e ingresado al país 9.497 millones de dólares en el mismo lapso.

Que el poder económico tiene un plan lo demuestra el Decreto 949/2020 del 26 de noviembre de 2020, por medio del cual el Presidente Alberto Fernández delega en el Ministerio de Transportes la facultad del llamado a licitación pública nacional e internacional, por medio del régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la Ley 17.520 [2], para el balizamiento, dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio y del Río Paraná Bravo, a riesgo empresario y sin aval del Estado” (síntesis textual publicada en Infoleg), que obliga a que ingresen y salgan lo productos de nuestro país por los puertos de Nueva Palmira o de Montevideo en Uruguay.

Se vuelve a licitar esa vía navegable en lugar de que la administre el Estado, tras 25 años de concesión a Hidrovía SA, prorrogada esta semana por otros 90 días. El grado de indecisión es significativo, cuando por su importancia estratégica presente y futura el tema se debería haber trabajado desde el comienzo de la gestión.

También demuestra el poder económico su hegemonía y dominio con el tema de los biocombustibles, amparados en la ley 26.093 del año 2006 que creó un Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Con esa norma la Argentina ha experimentado un crecimiento exponencial en la industria del biocombustible, pasando en 15 años de tener un tamaño marginal a convertirse en el primer exportador mundial de biodiésel en base de soja, o de producir menos de 600.000 toneladas en 2006 a cerca de 3.000.000 en 2020. Igual en el caso del bioetanol en base a la caña de azúcar y de maíz, que creció de menos de 20.000 metros cúbicos a 1.000.000 en 2019 y 2020.

El problema es que los generosos mecanismos de promoción estatal, a los que se suma que el biodiésel y el bioetanol no están gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) ni por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), terminan el 12 de mayo. Los diputados oficialistas presentaron el lunes un proyecto para reducir el actual corte de 10% de biodiésel en el diesel fósil a la mitad, 5%, y en el caso de la nafta, que se corta con 12% de bioetanol, llevarlo al 10%. El tema comenzó a tratarse dos días más tarde en la Comisión de Energía y Combustible, donde se presentaron las distintas cámaras, y todas, sin excepción, solicitaron que continué la ley 26.093 por quince años más. Estamos hablando de un sector como el de las exportaciones de biodiésel de la Argentina, que van mayoritariamente a la Unión Europea y corresponden a lo producido principalmente en la provincia de Santa Fe, por encontrarse allí las plantas de mayor tamaño: RENOVA (Glencore-Oleaginosa Moreno SA), T6 Industrial (Aceitera General Deheza y Bunge), LDC Argentina (Louis Dreyfus), COFCO, Molino Agro, etc., y en el caso del bioetanol del azúcar el Centro Azucarero Argentino, cuyo presidente Jorge Feijoo -uno de los que hizo uso de la palabra- fue entre 2011 a 2015 ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán.

El poder económico se hizo sentir también en la fijación, la última semana, del salario mínimo vital y móvil con un incremento del 35% en cuotas, que hace que en febrero de 2022 ascienda a 29.160 pesos por mes cuando la canasta básica total para una familia compuesta por cuatro personas en marzo de 2021 (un año antes), es decir el piso para que no sea considerada pobres, es de 60.874 pesos mensuales.

El poder económico presiona sobre el tipo de cambio en todas sus variantes: en blanco, en negro, en CCL (contado con liquidación), en dólar Bolsa, de manera tal que el dólar oficial fijado por el Banco de la Nación Argentina valía 62,25 pesos el 10 de diciembre de 2019 y vale 98,97 pesos al 30 de abril de 2021, lo que implica una devaluación del 59% que por supuesto tiene su correlato en costos y precios, y es a la vez el indicador que mejor refleja el poder del gobierno. Recordemos de paso que en el gobierno de Néstor Kirchner se crecía a una tasa promedio del 9% anual y la inflación era del 10%, según la revisión hecha por el INDEC dirigido por Jorge Todesca, y esto fue posible porque se aprovechó la suba de los precios internacionales (que también suben ahora) con derechos de exportación del 35%, y el dólar pasó de valer 3,2050 pesos en mayo de 2003 a 3,1490 en diciembre 2007 (revalorizó nuestra moneda). Lo que antes era viento a favor, ahora se convierte en la maldición de la abundancia de los recursos naturales.

¿Por qué?

Porque Néstor Kirchner tenía un plan definido, donde las retenciones pagaban el subsidio a la energía y al transporte; donde el incremento de la recaudación de impuestos financió el mayor gasto público con el que hizo obras de infraestructura y asistió a la población; porque veía antes, para ello planificaba, y al orientar su gestión pudo alcanzar los objetivos. Kirchner no improvisaba ni dudaba porque tenía un plan y, con ello, la capacidad de tomar decisiones; el accionar llevaba siempre a un fin y sabía mejor que nadie que si el gobierno no planifica, el poder económico planifica por él.

Un ejemplo determinante de lo que aseveramos es el Plan de Salud. Allí sí el gobierno nacional y las administraciones públicas provinciales y municipales de todo el país reconvirtieron sus gastos para darle prioridad al equipamiento y al accionar en salud. Una vez lograda la vacuna, se propusieron y se proponen conseguirla a como dé lugar y distribuirla en la población, contra todos los impedimentos, en un país con un 42% de la población bajo la línea de pobreza. El plan de salud y el plan de vacunación sistemático y general impiden que nos pase como sucede en naciones vecinas que subestimaron el problema.

Obviamente que en ello fue determinante todo el heroico personal de salud, pero hubo y hay un plan, un objetivo, hasta con metas cuantificadas; pese a los problemas de logística y abastecimiento es una lucha diaria donde es encomiable la tarea realizada y a realizar.

El retorno que no fue

Existe un divorcio casi terminal entre gran parte de la sociedad argentina y las más de 19 millones de personas bajo la línea de pobreza, producto de las remuneraciones públicas y privadas que se pagan, los haberes previsionales de la gran mayoría de los supuestos beneficiarios y el aglomerado político del partido que sea.

La alianza oficialista intentando llegar a las elecciones de medio término, rezando para que no se disparen más los precios de lo que ya sucede, o el dólar, con el único plan de vacunación masiva. La oposición jugando a que las tres variables se desmadren para que el descontento generalizado permita que el pueblo la vuelva a tener en cuenta y olvide que su política libre-empresista y de endeudamiento es la verdadera culpable del actual estado de situación.

La sociedad, y se lo nota especialmente en los jóvenes, cada vez espera menos de sus gobernantes y representantes, y teme por el presente y más por el futuro ante un modelo extractivista, agropecuario exportador, impuesto por el poder económico local subordinado al internacional.

Lo viejo goza de buena salud, la actual administración es funcional al modelo y la población que esperaba un retorno del kirchnerismo explícito toma consciencia de que no va a suceder. Lejos queda la frase que inmortalizara Germán Abdala: “La política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad en la que vivimos”.

Notas:

[1] Fue el encargado de llevar adelante una meticulosa política de control de precios, que resultó exitosa. Se basaba en un acuerdo general con los comerciantes, que llevaba el título de “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social”. Si bien no se nacionalizó el comercio exterior, se autorizó a la Junta Nacional de Granos y a la Junta Nacional de Carnes para monopolizar el comercio exterior en estos rubros. Cuando el ministro José Ber Gelbard presentó su renuncia en octubre de 1974, Revestido lo acompañó.

[2] Ley 17.520 de obras públicas del 7 de noviembre de 1967, firmada por el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía.

Fuente: El Cohete a la Luna