Una prestigiosa ONG internacional denunció el Lawfare en el Gobierno de Macri

Tal como oportunamente denunciáramos ante el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Magistrados, como también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Argentina desde la asunción a la Presidencia de la Nación de Mauricio Macri, se desarrolló un proceso de degradación institucional del sistema judicial, fruto de la intromisión indebida, presiones y ataques que han sufrido los magistrados, defensores, fiscales, en distintas jurisdicciones (nacional y provincial), que no se allanaban a las directivas dictadas.

Rosenkrantz, actual presidente de la Corte Suprema junto a Lorenzetti, anterior presidente, serían los estrategas del LAWFARE en Argentinaen la cúpula del Poder Judicial.

Rosenkrantz, actual presidente de la Corte Suprema junto a Lorenzetti, anterior presidente, serían los estrategas del LAWFARE en Argentina en la cúpula del Poder Judicial.

Por Asociación Americana de Juristas. Una prestigiosa ONG internacional denunció el Lawfare en el Gobierno de Macri. La Asociación Americana de Juristas advirtió sobre las duras implicancias de la persecución política a través del Poder Judicial en la Argentina. Leé el documento completo. Fuente: AJA

La pandemia del coronavirus, sellará un antes y un después en el acontecer político, económico y social del siglo XXI. Esta situación pone a prueba a todos los actores políticos, ya sean jefes de Estado o de Gobierno, líderes comunitarios, delegados y organismos regionales e internacionales. nEn tal sentido, la lucha por la preponderancia de los derechos económicos sociales y culturales en las políticas públicas a llevar adelante por los Estados, resulta central. Claro que, para que sea posible, es necesario asegurar las condiciones de gobernanza y la capacidad técnica y política de quienes los conducen. En medio de esta crisis mundial sin precedentes, y en el marco temporal de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la República Argentina se encuentra llevando adelante respecto de la deuda pública contraída por el anterior gobierno, varios de sus funcionarios, a través de una organización denominada “Asociación Civil Será Justicia” elevaron un Informe a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), argumentando un “grave debilitamiento institucional en la República Argentina como consecuencia de acciones tendientes a evitar que se dicten sentencias en casos de corrupción”.

Nuestra organización ha luchado desde su conformación por la efectiva vigencia de los Derechos Humanos y el derecho al acceso a una justicia imparcial, independiente que los garantice. Por ello, nos sentimos interpelados a repudiar el documento de la Asociación Será Justicia, tanto por las afirmaciones mendaces y los tergiversados conceptos, como los oscuros intereses que persigue. Detrás del escudo de un supuesto combate a la corrupción -lucha que sin duda, todos debemos compartir- se solapa su verdadero objetivo que no es sin – además de una actitud francamente conspirativa a los intereses nacionales-, el de debilitar al actual gobierno Argentino en su capacidad de negociación en las gestiones llevadas adelante ante los organismos multilaterales de crédito, para regularizar su situación financiera internacional y recuperar la soberanía económica de nuestro país. Economía que, por cierto, fuera recibida en absoluto estado de emergencia, como producto de un endeudamiento público sin precedentes, y la fuga  de capitales más importante de su historia. Sin duda, los actos de corrupción más nocivos que sufre el pueblo argentino.

1- LA CORRUPCIÓN: CONCEPTO, ALCANCE Y COMPONENTES

La corrupción es, sin duda, un fenómeno complejo, multifacético, social, político y económico, con consecuencias graves y conocidas: socava la legitimidad de las instituciones democráticas; frena el desarrollo económico, desalienta la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo; deteriora los ingresos fiscales; erosiona la confianza de las personas en las instituciones públicas y sus agentes; genera desigualdad en la satisfacción de derechos básicos y el acceso a servicios e infraestructura públicos de calidad, lo que afecta en mayor medida a las personas con menores ingresos; y facilita la inserción del crimen organizado, la inseguridad y la pobreza.

De acuerdo con el Banco Mundial “…la corrupción es comúnmente definida como el abuso de un cargo público o privado para beneficio propio…” y puede ser clasificada según sus formas: corrupción menor (pequeñas sumas pagadas por transacciones frecuentes), corrupción administrativa (sobornos para evadir impuestos, regulaciones) ganar contratos de adquisición menores) y corrupción generalizada; según las organizaciones involucradas: corrupción corporativa (sector privado) o corrupciónpolítica (sector público); los niveles dentro de las organizaciones: corrupción sistémica (prevalece en todos los niveles de la sociedad) y gran corrupción (involucra altos
funcionarios en favor de un grupo reducido de empresarios, políticos o grupo criminal).

Tal como lo sostiene la OCDE, la corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, político y social sostenible, tanto para las economías en desarrollo como para las emergentes y las desarrolladas. Buceando en sus consecuencias, la Resolución N° 1/18 de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS sostiene que “…la corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos históricamente discriminados, tales como las personas en situación de pobreza, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, personas migrantes
y las personas privadas de libertad y afecta de forma especialmente profunda a quienes son objeto de trata y tráfico de personas como los migrantes, niñas, niños y mujeres…”. Orientados hacia ese horizonte, continuaremos analizando las consecuencias sociales de la corrupción y la lucha contra ésta, para entender lo realmente acaecido en la Argentina.

2- ¿LA CORRUPCIÓN DE QUIÉNES?

El Lawfare y sus consecuencias.

Tal como oportunamente denunciáramos ante el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Magistrados, como también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Argentina desde la asunción a la Presidencia de la Nación de Mauricio Macri, se desarrolló un proceso de degradación institucional del sistema judicial, fruto de la intromisión indebida, presiones y ataques que han sufrido los magistrados, defensores, fiscales, en distintas jurisdicciones (nacional y provincial), que no se allanaban a las directivas dictadas. Así socavaron la independencia de éste Poder del Estado de Derecho. Sus consecuencias, aún perduran. El 29 de diciembre de 2015, el citado ex Presidente, dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)49 no 257/15 (Anexo II), por el cual restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La norma debilitó dichos organismos, al limitar sus competencias constitucionales -estatuidos como poderes públicos independientes en la estructura del Estado Nacional-, sujetándolos al control forzado del Poder Ejecutivo. A partir de ese movimiento inicial, sobrevinieron multitud de presiones, sobre integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, sobre abogadas y abogados defensores en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos y, también, reiteradas intromisiones del Poder Ejecutivo sobre procesos en trámite, particularmente en lo que terminó siendo una persecución desatada contra líderes políticos y sociales de la oposición.

Con las acciones descriptas en la denuncia que oportunamente efectuara la Rama Argentina de nuestra organización junto con otras organizaciones, quedó demostrado que no se trataba de ataques aislados, y por tanto, debían ser analizados en su conjunto, ya que se llevaron a cabo con precisión temporal e instrumental de modo tal, que unos a otros se vinculaban estrechamente. A efectos de dar los detalles precisos de lo aquí afirmado, acompañamos el documento que conformó la denuncia efectuada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que constan los números casos, sus circunstancias, y la magnitud de las violaciones denunciadas, que no cabe incluir en el presente.

De tal modo, repetimos, se ejecutó en la República Argentina un plan para establecer un sistema judicial donde no importaba mantener la imparcialidad de sus jueces, fiscales y defensores, o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario: se trató de la necesidad de encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, hubieran sido imposibles de ser llevadas a cabo.
Vale decir que, el proceso descripto estuvo directamente dirigido a disciplinar a los magistrados que dictaban resoluciones que no eran acordes a la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional, lo que conlleva a la consecuencia de generar una magistratura que se desentienda de la aplicación imparcial de un sistema de justicia.

En este sentido, la selección de casos, que se desarrollaron en la citada denuncia, conformaron una descripción de las distintas técnicas de agresión, amedrentamiento y disciplinamiento con que se atacó a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, por parte del Gobierno Nacional a cargo de Mauricio Macri.

Fuente: AJA

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