Por Sergio Ortiz. La oposición mueve un tractor, perdón, un peón. Desde mañana y hasta el jueves habrá un lockout patronal agropecuario. Protestan por el aumento de tres puntos en las retenciones a la soja. En el tablero, la oposición política movió un tractor, perdón, un peón.
En esta Argentina aburguesada donde hasta los gestos cuentan, Alberto Fernández había tenido la deferencia de no mencionar ante el Congreso el aumento de tres puntos en las retenciones a la soja. Fue el 1 de marzo. Lo gestual no sirvió de mucho. Cuatro días más tarde Confederaciones Rurales «Argentinas» resolvió un lockout en la comercialización de granos y carnes entre el lunes y el jueves de esta semana, como repudio. Cabe aclarar que ese aumento es absolutamente legal, basado en la ley de emergencia e instrumentado por decreto presidencial.
Las otras tres entidades de la Mesa de Enlace Rural (Coninagro, Federación Agraria y Suciedad Rural «Argentina»), terminaron por acoplarse al lockout, aunque con dudas en seccionales. El tractor de CRA, que hizo algunas demostraciones en rutas cordobesas, terminó arrastrando a toda la Mesa.
Si bien el contexto político tiene diferencias con el de 2008, cuando estas entidades libraron una guerra sucia contra la Resolución 125 también referida a la soja, no deja de ser un gesto desafiante al presidente.
Desde el gobierno nacional emergió una explicación y dos respuestas políticas.
La justificación de la medida fue que no está inspirada en un afán recaudatorio, lo que genera dudas, sino supuestamente en beneficiar al sector agropecuario. Se recaudarían 354 millones de dólares, partidos en dos mitades: una iría a pagar reintegros a los productores segmentados de menor a mayor, y otra a compensar bajas para otros cultivos, mejorar caminos y obras que servirían al ruralismo.
Siguiendo con la explicación oficial, los productores que anualmente facturan hasta mil toneladas de soja no serán alcanzados por el plus de la retención. Sólo debería oblarlo el 25 por ciento de los productores, unos 14.000 en todo el país.
Pese a esa palabra gubernamental, el tractorazo siguió adelante, tratando de pisar al ideólogo y defensores del decreto que se pusieran adelante.
La respuesta del equipo presidencial tuvo dos aspectos.
Uno: expresaron total sorpresa por el lockout. Esto podría servir en la disputa de la opinión pública intermedia, pero suena a ingenuidad total y desconocimiento de un adversario al que no se lo enfrenta por primera vez.
Dos: Alberto Fernández ordenó a sus ministros «silencio stampa», diría Coco Basile. O sea, cerrar el pico. Creen que no contestar evitaría escalar el conflicto. Esto viola el principio político de que «la mejor defensa es un buen ataque». Además es insostenible, porque en cuatro días de lock out será inevitable que los funcionarios tengan que decir algo pues será un hecho grave y negativo. Y el conjunto de la oposición política amplificará el ruido de los tractores, comenzando por el monopolio Clarín.
Piedras en el camino
El actual round por las retenciones muestra que en un punto tenía razón Cristina Fernández de Kirchner y no Alberto Fernández. En el pleito de 2008, culminado en derrota gubernamental, el entonces Jefe de Gabinete se fue del cargo. Hizo muchos reproches a CFK, como que el conflicto se había originado por pretensiones muy elevadas de su gobierno y un manejo autoritario de la negociación.
Ambas críticas eran erróneas. La retenciones eran móviles, según subiera o bajara el precio de la oleaginosa en Chicago. Además, segmentadas según superficie, cosecha y distancia a puerto, beneficiando a quienes cosecharan hasta 600 toneladas.
La Mesa de Enlace, con la dirección política de los grandes propietarios y el agite en las rutas de los chacareros de la Federación Agraria, que ponían las 4×4 junto a peones de los fuertes estancieros y sojeros, apretó el acelerador de los bloqueos. A ese bloque de las clases dominantes lo unía el rechazo a las retenciones pero sobre todo, la oposición política al gobierno cristinista. La sede de la Suciedad Rural se fue convirtiendo en el comité nacional del PRO y Cambiemos para que ganaran en 2015.
Y ahora, con un aumento mínimo de retenciones y un estilo más que conciliador de AF, el mal llamado campo igual se pintó la cara y desafió con que «nos veremos en las rutas».
Es imposible predecir cómo evolucionará el conflicto. El cronista se permite una única reflexión. Si por cobrarles un plus anual de retenciones de 354 millones de dólares, la Mesa de Enlace hace semejante lío, ¿se pueden imaginar qué haría ante una reforma agraria como esbozó Juan Grabois? Tampoco hace falta ser muy imaginativo para adivinar cómo reaccionaría en caso de reposición de la Junta Nacional de Granos y la de Carnes, o recreación del Instituto Argentino de Producción e Intercambio (IAPI) para controlar el comercio exterior.
Podrían pedir que los 5.330 marines norteamericanos que ingresarán al país en octubre venidero, autorizados para el ejercicio naval «Gringo-Gaucho» con 134 argentinos subordinados, directamente desembarquen y ayuden a proclamar un Juan Guaidó o una Jeanine Áñez en la Casa Rosada.
Durísimos los fondos
La negociación por la abultada deuda externa que legó la administración Macri viene dando muchos dolores de cabeza al nuevo gobierno. Nuevamente estuvieron en Buenos Aires los enviados del FMI, Julie Kozack y Luis Cubeddu, pero la negociación formal no comenzó. Sí la previa, con cierta buena onda de parte de esos enviados y la directora gerente Kristalina Georgieva.
De todas maneras corresponden dos aclaraciones. La economista búlgara no puede disponer por sí de las condiciones que quieren peticionar Fernández y Martín Guzmán. El otro punto a clarificar es que aún cuando el board del Fondo aceptara diferir todos los vencimientos por cuatro años, cosa muy improbable, la deuda argentina con ellos es de 45.000 millones y la deuda externa total es de 337.267 millones.
En síntesis, con el Fondo hay buena onda y mucho histeriqueo, pero de relaciones concretas y firma de compromisos con postergación de vencimientos de la deuda, por ahora nada.
Lo que no gustó a los bonistas privados fue la reunión de Guzmán con sus representantes venidos en sus aviones privados desde EE UU. El ministro no les dio las precisiones ni le puso precio a las obligaciones que la Argentina está dispuesta a atender. Los fondos de inversión Blackrock, Fidelity, Pimco, Templeton, Greylock Ashmore, Gramercy y Macrosinergy se fueron hablando pestes del ministro. No hizo falta que ellos declararan nada. Los periodistas de agencias internacionales y los Clarín, La Nación e Infobae fueron los lenguaraces.
Y no fueron sólo versiones. La caída de cotización de los bonos argentinos y el aumento del riesgo país otra vez a 2.500 puntos indicaron que la negociación no ha avanzado ni un metro. Sólo centímetros.
En esas condiciones ya se podría adelantar que el primer anuncio de Fernández y Guzmán, de que tendrían una propuesta de renegociación el 31 de marzo, no podrá ser. Ahora se habla de abril. Pero si las diferencias de criterio se mantienen, sobre todo entre el gobierno y los fondos ya mencionados, entonces el tiempo puede seguir corriendo.
Como en una mano de póquer, cada jugador especula con el tiempo y las necesidades del otro. Los fondos acreedores creen que al país no le conviene caer en default y que va a pagar más cerca de lo que ellos pretenden. El gobierno reafirma que quiere un acuerdo sostenible, como diciendo que no le teme al default, perjudicial también para esos fondos. Es que si hay cese de pagos formal el valor de los bonos en poder de aquellos caería al piso y allí podrían ser adquiridos por centavos por Paul Singer y la caterva de «fondos buitres», que ya hicieron fenomenal negocio en 2015 gracias a EE UU, el juez Thomas Griesa y la oposición política liderada por Macri, devenido en presidente pagador y endeudador serial.
Al igual que en su conflicto con los dueños de los tractores, Fernández luce ingenuo en la pulseada de la deuda externa. Quizás tenga cartas por jugar que el resto no conoce. Pero es seguro y visible que no está usando algo fundamental en estas patriadas: la información, movilización y organización popular más amplia posible; en la calle, los medios, las redes, las universidades, el Congreso, la cultura, las organizaciones sociales y políticas, las Fuerzas Armadas. Todos los argentinos deberían saber qué es lo que viene y qué hacer para ganar o al menos empatar en el conflicto clave por la deuda externa, muy superior al planteado por la agrogarca Mesa de Enlace.
Llama la atención el nivel de desmovilización existente. Para el ministro Agustín Rossi lo más importante para las FFAA no es la democratización ni una nueva doctrina, sino el reequipamiento militar. ¿Negocios en puerta?.
Y para el partido de gobierno, el viejo y anquilosado PJ, bastó un minicongreso en Ferro. Los 562 delegados no discutieron esos grandes temas nacionales, sólo aplaudieron a los retornados exaliados macristas del PJ de Córdoba y Salta.
«Todos unidos triunfaremos» dijeron, pero para triunfar no alcanzan muchos aplaudidores y algunos extraidores. Hacen falta valores, trabajadores, doctores, actores, historiadores, tractores, aviadores y auditores (de la deuda). Y sobre todo mujeres.
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