La resolución de la OEA y las expresiones de Luis Almagro son un duro llamado de atención a las máximas autoridades judiciales de Argentina.

Por Jorge Tobías Colombo. Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo: “El sistema político no puede declarar culpable a Milagro Sala”; además reclamó a quienes hoy detentan el poder en Argentina -gerentes y políticos del PRO y la Unión Cívica Radical-, por la libertad de la dirigente social de la Tupac Amaru Milagro Sala, sosteniendo que la Justicia no se puede manejar en base a encuestas.

Es al menos grotesco, que la Corte Suprema de la Nación Argentina, o algún funcionario judicial de cualquier rango, no reaccione ante tan humillante declaración. Veamos detenidamente lo  que dijo Almagro, pero muy detenidamente: «la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones sino en función de consideraciones objetivas. Por ello, el sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable».
Desde ya que es comprensible que la declaración del titular de la OEA no conmueva a los dirigentes políticos del gobierno argentino porque, incluso suponiendo que la comprendan, la humillación suele no hacer mella en la insensibilidad y la estulticia.
Pero, en rigor, la filípica de Luis Almagro se dirige raudamente al corazón de quienes representan la máxima autoridad judicial argentina, la Corte Suprema de Justicia.
Que absolutamente ningún componente del tribunal supremo de justicia, haya siquiera ensayado, hasta ahora, una respuesta ante la declaración de Almagro, nos indica que las nociones de justicia y dignidad, quizás agonicen en Argentina.

Las declaraciones de Luis Almagro se suman al escrito que envío el organismo exigiendo la liberación inmediata de la dirigente. Se expresaron, antes, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

“El único interés que me mueve es el de los principios interamericanos en materia de derechos humanos”, aclaró Almagro y precisó que las irregularidades de la detención de la dirigente tienen que ver con las garantías procesales. “Se insta a cumplir con el debido proceso”, afirmó el ex canciller uruguayo.

Piense Ud, lector, que el Sr Almagro no intenta humillar al pueblo argentino, desde ya, pero sí le clava un puñal muy hondo a la clase política directamente, y mucho más certeramente y por elevación al sistema judicial. Cualquier miembro de la Corte Suprema de la Nación Argentina que tenga para sí la más mínima autoestima debe -de no estar sujeto a otros compromisos extrajurídicos- reaccionar y responder al Sr Almagro y a la OEA, que ha sacudido fuerte el polvo y la tela de araña de sus poltronas señoriales.

Si la dignidad es el merecimiento de respeto, avalado con conducta, decisión y trayectoria, mas no por títulos y diplomas, los miembros de la Corte Suprema, ante la declaración de la OEA, deberían  exhibir postura y decisión.

Deben recordar los supremos que el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias analizó el caso y solicitó la liberación inmediata de la prisionera política Milagro Sala considerando que la prisión preventiva en el mes de enero de esta año 2016 fue arbitraria, porque «viola los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte«. Independientemente del eventual juicio que se le sustancie a la acusada y sus resultados, su libertad, mientras tanto, es incuestionable.

“Todos coincidimos en que debe asegurarse el más pleno respeto de las garantías procesales para Milagro Sala o para cualquier detenido. Su legítima defensa debe ser asegurada y ello debe hacerse bajo los más rigurosos estándares internacionales”, dijo, además, el titular de la OEA.

Después de golpear con el látigo de la razonabilidad (rationabilitas) al sistema judicial argentino, Almagro dice -con una pizca de sarcasmo- que confía en que la Argentina «actuará en base a los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos» e insistió con que «lo que indica el Estado de derecho es que debe ser el Poder Judicial el que otorgue respuestas técnicas sobre este tema. El sistema político no puede asumir esa representatividad ni prejuzgar situaciones procesales o jurídicas”. Reprimendas «diplomáticas» sobre el abc del derecho, que harían ruborizar aún a bisoños estudiantes de leyes.

Mientras sus señorías parecen retozar en los protegidos, frescos y umbrosos aposentos del intimidante Palacio de Justicia de calle Talcahuano que imaginó Norbert Maillart, con estúpida arrogancia el Gobierno argentino dice “desconocer” las resoluciones de los organismos internacionales sobre la detención arbitraria de Milagro Sala.