Por Mariano Pacheco. En el medio, entre que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a este primer paro nacional contra el macrismo, y hoy, el ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el nuevo “Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas”. Y no solo eso, sino que la ministra (de Mauricio Macri) Patricia Bullrich, largó por Radio La Red las “declaraciones de la semana”: les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado, dijo. “Si no se van, los sacamos”, sentenció “La Pato Luro Pueyrredón”.
Patricia «Pato» Bullrich Luro Pueyrredón se convirtió en la guardaespaldas de Mauricio Macri y la verdugo del pueblo argentino
La misma que siendo ministra de Trabajo de la Nación de la Alianza UCR–FREPASO se había puesto al frente de la ofensiva contra los movimientos sociales, de fuerte base territorial, que entonces protagonizaban las luchas populares más intensas. Por aquel ahora lejano 2001, la ex-militante de la tendencia revolucionaria del peronismo, devenida ferviente servidora del modelo neoliberal, denunció a dirigentes piqueteros, argumentando que “se le estaba sacando plata a la gente a cambio de un Plan Trabajar”, aludiendo a los $4 que cada integrante aportaba voluntariamente para sostener los movimientos. Para la ministra, eso era ilegal. Comenzaba, de esta forma, una campaña para limitar el derecho a la organización.
La misma que calificó una de las puebladas en la localidad de General Mosconi, Salta, como un “problema de seguridad” y no una “cuestión social”.
La misma que arremetía con sus bravuconadas desde las páginas del diario La Nación, donde recomendaba “desgastar a los manifestantes”. Esto es, dejarlos con el corte de ruta hasta que la falta de respuestas, ya que tras el paso de los días bajaría la tensión social. “Frente a eso la experiencia indica que los verdaderos afectados por la crisis económica se retiran del piquete y quedan expuestos los activistas. Si éstos no se repliegan, por lo general lo hacen en esas condiciones, entonces sí se actuaría con la fuerza pública” (La Nación, 11 de mayo de 2001).
La misma (Bullrich) que responsabilizaba a los movimientos por cualquier “violación a la intimación, bajo advertencia de las sanciones previstas por la ley”, sin desmedro “de las acciones penales por daños y perjuicios que pudieran corresponder por afectar la vida, la seguridad, la salud y la propiedad de la población” (Clarín, 27 de agosto de 2001).
Fuente: Fragmento de Rebelión