Federico Sturzenegger junto a sus maestros, dos célebres saqueadores de la República Argentina: José A Martínez de Hoz y Domingo Cavallo
Sturzenegger, otra vez procesado. El presidente del Banco Central nombrado por Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, está procesado nuevamente por presunto delito económico durante el denominado “megacanje”, sobre el tramo final de la convertibilidad, cuando era Secretario de Política Económica del gobierno radical. Así lo confirmó la Corte Suprema de Justicia, que avaló la investigación que llevaba a cabo el juez federal de primera instancia Sebastián Ramos y que había sido revocada por la Sala Segunda de la Cámara Federal, aunque luego la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a dejar firme lo de Ramos y la apelación llegó al máximo tribunal. Además del procesamiento, queda otra vez vigente un embargo a los bienes del funcionario hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos.
En la historia popular del zorro y el gallinero, el saber popular sintetizó la forma en que muchas veces las víctimas le abren la puerta a sus victimarios. En este clásico, son las gallinas las que casi ingenuamente le abren la puerta al depredador para que cuide su mayor tesoro: los huevos. En tiempos donde la voracidad y maldad neoliberal amenazan la felicidad y el bienestar de los argentinos, bien vale recordar esta historia. Sobre todo para quienes por acción u omisión todavía no toman conciencia de que el enemigo está más cerca de lo que pensamos. En el Banco Central, entonces, Sturzenegger sería el zorro, y el gallinero sería la república y el dinero y los bienes de los ciudadanos.
En lugar de aliviar la restricción financiera que existía en 2001, el megacanje consolidó la percepción de que la deuda pública se había vuelto insostenible, al convalidar tasas de interés de hasta el 15 por ciento. A pesar de la inminencia de una cesación de pagos, los bancos Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y el Crédit Suisse First Boston hicieron un gran negocio. Aportaron casi la totalidad de los bonos involucrados en el canje, de los cuales la mayoría ya estaban dentro de sus carteras o de entidades vinculadas como las AFJP. De esta manera, los 150 millones de dólares de comisiones financieras por la operación fueron cobrados por hacer de intermediarios de sí mismos.
Más: Deuda pública…
El juez Ramos dictó el procesamiento y el embargo de una serie de ex-funcionarios entre los cuales está Sturzenegger, quien era en ese momento Secretario de Política Económica, pero en junio del año pasado los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun revocaron el fallo y dispusieron el sobreseimiento de los implicados. Ese fallo fue apelado por el fiscal general Germán Moldes. El 29 de abril de 2015 los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, de Casación, anularon los sobreseimientos. El caso llegó a la Corte Suprema, que desestimó la apelación.
Más: Los patrones…
Megacanje: historia de un fraude que la Argentina aún no termina de pagar
El 69 por ciento de los bonos que están en poder de los fondos buitre fueron emitidos mediante aquella operación financiera en 2001. El plan de Domingo Cavallo y David Mulford acrecentó en 55 mil millones de dólares la deuda nominal del país, contando los intereses que estipulaba.
El Megacanje nació a propuesta de Mulford, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y, por esos días, vicepresidente del Credit Suisse Fist Boston (CSFB). Ese banco fue uno de los siete que gestionó la operatoria, que implicó el canje de 46 bonos de deuda vieja de corto vencimiento por 5 nuevos títulos con nuevos plazos hasta 2031. El banquero le propuso la operación el al entonces ministro de Economía el mismo día que asumió. Al día siguiente, Cavallo lo llevó ante el presidente Fernando De la Rúa, y acordaron las bases de lo que sería un extraordinario negocio para los bancos de inversión.
De los cinco papeles, que fueron canjeados en siete bancos que se llevaron 150 millones de dólares en comisiones, los fondos buitres terminaron comprando tres bonos: Global 2008, Global 2018 y Global 2013. Todos ellos, emitidos en junio de 2001, tienen tasas en dólares de entre el 12 y el 15,5 por ciento anual. Un beneficio poco ofrecido en el mercado y que solamente podría aplicarse a países con ajustadísima capacidad de pago. Es decir, eran bonos de altísimo riesgo.
Las tasas con las cuales Argentina salía al mercado estaban estrechamente vinculadas con el riesgo país, medido por el banco JP Morgan, uno de los involucrados en el negocio. Poco antes de que se concretara la operación, ese indicador financiero se disparó y encareció la deuda. “El Megacanje buscaba comprar tiempo, pero lo hizo a un precio muy caro”, concluyó la fiscal Fabiana León en los alegatos.
La operación elevó la deuda pública en alrededor de 55 mil millones de dólares. Durante la gestión técnica los representantes de los bancos se reunían con Cavallo, Daniel Marx (secretario de Finanzas), y Carlos Molina (director de la Oficina Nacional de Crédito Público), e incidían directamente en las condiciones en que se realizaba la operatoria. Se llegó a corregir el “precio de corte” (el valor con el que se tomaban los viejos bonos) incluso después del cierre de la licitación, a pedido de los bancos.
“Fueron reuniones en las que participaron representantes de los bancos y Cavallo y buena parte de su gabinete”, señaló Cafiero, uno de los denunciantes que impulsó la causa. De las reuniones, también participaron Horacio Liendo (colaborador de Cavallo); Federico Sturzenegger, entonces secretario de Política Económica; Jorge Baldrich, secretario de Hacienda; el ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen, el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer; el director de Crédito Público, Carlos Molina; y el jefe de Gabinete de Asesores de Economía, Guillermo Mondino.
Fuente: Página 12 y otras varias.
