Políticas públicas

En general, se da por supuesto que los valores o necesidades insatisfechas de la sociedad deberían ser abordados desde la acción pública. Sin embargo, el nudo central supera el vago análisis.

Políticas Públicas

Por Ana Luisa De Maio. Políticas públicas: la importancia del correcto diagnóstico y el problema decisional ante una cuestión problematizada. Inserto en la etapa de formulación o sugerido como independiente, el ciclo de las políticas públicas comienza ineludiblemente con la identificación del problema.

Los supuestos que afirman la clara visibilidad de la cuestión por lo general no tienen validez ni sustento empírico o científico. Por el contrario, el diágnostico se esboza mediante una tarea seria, compleja, inclusiva de factores internos y externos, conocidos y presuntos, actores diversos, comportamientos no esperados, el marco regional y global y otros que agregará el raciocinio del lector.
A través de la investigación científica, el diágnostico suele ser uno de los estadíos de más difícil comprensión. También lo es para aquél que debe identificar una situación problemática y mucho más si obliga- racionalmente- prever todas o casi todas las alternativas posibles a su solución.

En general, se da por supuesto que los valores o necesidades insatisfechas de la sociedad deberían ser abordados desde la acción pública. Sin embargo, el nudo central supera el vago análisis. Es que toda esa insatisfacción podría ser totalmente reducida a cero si los recursos que posee el Estado no tuviesen la escasez como ínsita condición.
Sumado a este presupuesto: «recursos escasos, necesidades incrementales», hallamos la valoración y los objetivos de quien maneja lo público, descartando en este análisis, los posibles extremos intencionales que llevarían al estudio de la perversión de los hombres ante el supuesto de la tenencia de todos los ingresos y la valoración negativa de todas las problemáticas, que nos llevaría a la ignorancia (omisiones activas) y a la degradación del ser humano como objetivo final.

El diágnostico e identificación del problema o «la cuestión», dependerá de la percepción individual y grupal, de los «modelos de identificación, redes de comunicación, creatividad e innovación». Si un conflicto o situación es reconocido como cuestión problematizada, se incorporaría a la agenda de las decisiones públicas.
Una deficiente identificación supondría una agenda distorsionada que ocasionaría el primer deterioro en la cadena de acciones. Un cuadro posicional equivocado se reflejará en decisiones públicas ineficientes, medidas ineficaces e inutilización y despilfarro de recursos. Sin embargo, la responsabilidad del seguimiento del proceso podría posibilitar la corrección del error ajustando sus fallas.

El resultado de las estimaciones del diágnostico científico y técnico define la formulación de esa política pública. Implica la toma de una decisión que distribuye responsabilidades, capacidades y recursos para su futura implementación-.

Tres enfoques son considerados a tal efecto: el racionalista, el incrementalista y la exploración combinada.

-La concepción racionalista, insiste en que el decisor toma conocimiento de un problema o necesidad pública, define la meta y analiza en profundidad las alternativas posibles, escogiendo la más adecuada -a su entender acotado- para salvar el estado de cosas que pondera y prefiere.

-El enfoque incrementalista, supone al mismo decisor enfrentado a un problema que es constantemente redefinido. Implica la inexistencia de una sola y posible correcta solución al problema agendado reformulado constantemente, ajustando fines y medios (recursos). «Llevado al plano político, el incrementalismo permitiría generar cambios importantes que suelen ser indirectos y sorpresivos para muchos actores del sistema político. Ahora bien, cuando los resultados de las políticas pasadas son indeseables (inflación, desocupación, crisis social), sería preferible asumir el riesgo de tomar decisiones radicalmente nuevas».

-La tercer opción- exploración combinada- combina las anteriores señalando que las acciones públicas fundamentales marcan el contexto de las incrementales. Unas sin otras, serían inentendibles.

Así, las políticas estatales permiten una visión del Estado en acción, desagregado y descongelado como estructura global y puesto en un proceso social en el que se entrecruza complejamente con las otras fuerzas sociales (clases, fracciones de clases, organizaciones, grupos, movimientos, partidos políticos, sindicatos, entre otros).
Cierto es, que al ejecutarse las mismas, no sólo interviene el Estado decisor sino absolutamente todos estos actores sociales, civiles o no estatales, sea en la conflagración o medición de fuerzas o intereses para ser percatados en la ponderación decisoria o, también, mediante sus propias políticas de comportamiento o reacciones ante lo decidido.
Es indiscutible que las demandas sucesivas, continuas, cambiantes, que emergen de toda estructura y proceso social influyen sobre la visión del analista y sus limitaciones. Si así no fuese, la acción estaría destinada al fracaso por la ignorancia relativa del campo beneficiario sobre el que se presume el efecto buscado.

Sin embargo, vale hacer notar que no todas las políticas de acción tienen origen la presión desde las bases. La autonomía decisional y la prevención de posibles problematizaciones darán lugar a tomas de posición estatal aún cuando la demanda social aún no haya sido exteriorizada de forma contundente.
Asimismo, debería reflexionarse que la composición y estamentos de los distintos actores involucrados como fuerzas de interés o partes de un conflicto, no permanecen estáticos. Durante el curso de la acción de la política definida para la resolución de un conflicto, aquéllos pueden alterarse de manera tal que producirían modificaciones contextuales sobre las que ha sido ponderada. Algunos factores podrían llegar a retirarse del conflicto por haberse cumplido sus expectativas y tal vez otros reaccionen con más fuerza y virulencia. También algunos -que permanecían indiferentes- quizás terminen involucrándose por las derivaciones de efectos o impactos no deseados, convirtiéndose en nuevos factores y actores entrando a un escenario que de ninguna manera aparece como monolítico.

Esta situación constante y dinámica -en ocasiones prevista y controlada acotadamente y en otras, fuera de la racionalidad decisoria- obliga a la revisión constante del contexto socio económico, interno y externo, y a la reformulación necesaria y continua redefinidora de políticas públicas públicas de corto, mediano y largo alcance.
Así, cada grupo de interés que se encuentra en la comunidad/sociedad, se convierte en grupo de presión cuando ejerce, o intenta ejercer, influencia sobre la agenda pública institucional de modo tal que ésta se oriente a la satisfacción de necesidades particulares.
La persona «in abstractum» pasa entonces a convertirse en el hombre situado, que busca satisfacción plena aún a costa de aquéllos que le resultan neutros, imprecisos o descartables en su mapeo situacional.

Ana Luisa De Maio