Policía Metropolitana reprime a los trabajadores dentro del Hospital Borda en Buenos Aires.
Por Emilio Marín. Hay represiones policiales, desalojos y se irrespetan derechos. El análisis de Derechos Humanos arroja un resultado contradictorio en Argentina. Por una parte es modelo de juicios por Memoria y Verdad. Por la otra sigue habiendo represiones policiales, desalojos y se recortan derechos básicos de sectores humildes.
Este 24 de marzo, cuando se cumplían 39 años del golpe militar-cívico, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad brindó una información que reconfortó a los familiares de los miles de desaparecidos y demás víctimas.
La dependencia del fiscal Jorge Auat y Carolina Varsky puntualizaba que en los últimos nueve años se habían dictado 136 fallos por violaciones a los derechos humanos. El resultado: 563 condenados, 50 absueltos y 889 procesados que aguardan juicios. Esa cifra no contaba las últimas sentencias; en este momento los condenados son 567, con un 60 por ciento que está en cárceles y el 40 por ciento restante en prisión domiciliaria por cuestiones de edad y enfermedades que no siempre son graves.
Como están en curso 16 juicios en Capital Federal, Córdoba, San Luis, Rosario, Mendoza, Jujuy, Salta y Tucumán; en Bahía Blanca, San Martín y San Nicolás (Buenos Aires), es obvio que aquella cifra de condenados va a estirarse. El lunes 18 podría recibir su cuarta condena a perpetua sólo en Córdoba (sin contar las de Salta, Tucumán, Jujuy, La Rioja, etc) el máximo responsable del terrorismo de Estado en el Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano B. Menéndez, por el asesinato de tres jóvenes militantes de la JUP. Menéndez ostenta el triste privilegio de ese podio de la muerte y difícilmente lo pierda porque quien podría haberlo desplazado, Jorge R. Videla, ya murió en prisión.
El cronista reitera el concepto: Argentina tiene en esto una nota excelente y es la vanguardia regional si se la contrasta con la impunidad reinante en otros países. Recién en 2012 se formó en Brasil una Comisión de la Verdad que emitió su informe el año pasado pero no hay voluntad política de llevar ante la justicia a los militares acusados de la mayoría de los crímenes.
La Policía Metropolitana reprime
Aquellas muy buenas referencias a lo logrado en derechos humanos sobre el pasado, no se repite respecto a aquellos derechos hoy, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires.
El 26 de abril de 2013 Mauricio Macri, su vicejefa María E. Vidal, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, fueron los responsables políticos de haber enviado a la Policía Metropolitana a tirar con topadoras el Taller Protegido n° 19 del Hospital Borda.
Ese día hubo una violencia criminal de esa fuerza que nació con el comisario Fino Palacios, recomendado por las embajadas de EE UU e Israel “como el policía más condecorado”, Macri dixit. Los golpeados y baleados fueron trabajadores de ATE, médicos, familiares, internados en ese nosocomio y periodistas.
El fondo del asunto eran los proyectos inmobiliarios millonarios acordados por el jefe de gobierno con empresas amigas, en la zona sur de la Capital.
Este cronista estuvo el 21 de abril pasado en la puerta del Borda, en el acto donde se conmemoraban dos años de aquella represión. Y pudo saber que de resultas de aquella represión, lejos de estar procesados los responsables políticos y policíacos, lo están Susana Bejarano (enfermera), Horacio Melnik (trabajador de Talleres Protegidos), Karina Maloberti (delegada de ATE Senasa), Cristina Díaz (enfermera delegada de ATE Garraham), María Rebollo (periodista de El Movimiento TV), y el secretario de Organización de ATE Capital, Daniel Catalano.
Como si no tuvieran precio político que pagar por aquellos hechos, Macri es hoy candidato a presidente y Rodríguez Larreta a jefe de gobierno de la CABA, en tanto Vidal aspira a gobernar la provincia. ¿Los globos amarillos no se pinchan?
También fue desalojado con brutalidad policial el barrio Papa Francisco. Allí hubo confluencia del macrismo y el gobierno nacional, con intervención de la Metropolitana y la Policía Federal, con presencia y dirección de Sergio Berni, ahora candidato a gobernador o vice en Buenos Aires.
Alejandro Granados y su Policía Bonaerense
En la madrugada del 7 de mayo la Policía Bonaerense, que depende del ministro de Seguridad Alejandro Granados y de Daniel Scioli, arrasó con topadoras un asentamiento de 750 familias en Abasto, cerca de la capital provincial.
Se trata de gente que vivía en emergencia habitacional y estaba allí hacía tres semanas, con un fallo favorable del Juez Contencioso y Administrativo N° 1 de La Plata, Luis F. Arias. El magistrado repudió el operativo y dijo que se hizo con violencia, balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo fue de 35 personas heridas y 13 detenidos, entre ellos el abogado de las familias afectadas, pese a que tenían la cobertura de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat en la provincia.
El nudo del asunto es el choque de intereses contrapuestos. De un lado las necesidades sociales de miles de bonaerenses de pocos recursos que necesitan un lugar donde vivir. Y del otro intereses del ex dueño de la inmobiliaria Mattioli, que según el juez Arias “es una inmobiliaria que no es el dueño de la tierra y quiere apropiarse para una especulación económica. Esos son los intereses que está defendiendo la Justicia Penal y que convalida el Estado”.
En esa disputa Arias se puso del lado de las víctimas pero el juez de Garantías N° 3, Pablo Raele, cursó el pedido de desalojo de Alberto Mattioli, que quiere apoderarse de las 40 hectáreas muy valiosas.
¿Acaso esa inmobiliaria es la dueña del lugar? El senador del Frente para la Victoria, Emilio López Muntaner, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para expropiar las tierras y crear un complejo habitacional. Y precisó: “las tierras son de un dueño que falleció hace 20 años, sus hijos se encuentran en Europa y tiene una deuda hacia el fisco muy grande”.
No sólo en el distrito de Macri suceden represiones contra trabajadores y gente sin techo, en aras de favorecer a los amigos desarrollistas. En Buenos Aires también pasa, con Scioli, Granados, Casal y empresarios cercanos.
Política inclusiva o acción represiva
El Centro de Estudios Legales y Sociales difundió el 5 de mayo un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en 2013 y 2014. Allí analizó tres aspectos: los juicios por Memoria, Verdad y Justicia, la situación carcelaria y penitenciaria, y otros derechos sociales y económicos de los sectores vulnerables. En el primero hay un aprobado pero en los otros dos la mirada es crítica. Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, afirmaba ante Página/12 que “la consolidación de los derechos humanos como eje central de las políticas públicas nacionales que sucedió durante los últimos dos años debió convivir con la ausencia de reformas, la demora de la aplicación de avances legales y de retrocesos que generan un límite que no se puede perforar”.
El informe advirtió que “para algunos sectores y en ciertos espacios geográficos, las políticas inclusivas del Estado se ven erosionadas por la acción represiva de las fuerzas de seguridad”. Sólo dos días después de darse a conocer este documento ocurrió la salvaje represión en Abasto.
Anticipando perfectamente ese suceso, el documento afirmaba que la falta de acceso a la vivienda y la inseguridad en la tenencia y carencia de servicios necesarios para una vida digna son la punta de un ovillo que acumula derechos vulnerados. Pidió entonces “implementar medidas que privilegien el bien común por sobre los intereses especulativos que rigen el mercado inmobiliario”. Lo ocurrido fue a la inversa.
Cárceles y comisarías: torturas y abandono de personas
El otro informe que echa luz sobre déficit en derechos humanos vino del fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría sobre Violencia Institucional (Procuvin). El mismo sostiene que hay 749 agentes de seguridad y del Servicio Penitenciario juzgados por violencia institucional. Esos agentes están incursos en delitos por tormentos, abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso sexual y hasta homicidios cometidos en operativos o dentro de las cárceles o institutos.
Córdoba precisó que las muertes en unidades penales federales fueron en aumento y suman 330 desde 2008 hasta 2014. ¿Hay algún condenado por esos hechos? No. Aunque suene increíble, no hay ni un solo condenado pese a la existencia de tantos delitos y aún muertes.
El documento de Procuvin cuestiona “procedimientos policiales violentos, la persecución y detenciones de jóvenes en situación de pobreza, las acusaciones armadas, las extorsiones a chicos para que cometan robos, las torturas y otro tipo de castigos en las cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos, los asesinatos, así como actos de corrupción”.
El fiscal Córdoba descubrió instrumentos de tortura usados contra los presos, en sus inspecciones a diversas cárceles, como en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. El gobernador José M. de la Sota quiso impedir que el funcionario ingresara a otras penitenciarias como Bouwer.
El fin de semana del 1 al 3 de mayo la policía cordobesa hizo razzias donde detuvo a 400 personas por “portación de rostro”, alegando “merodeo” penado por el “Código de Faltas”. Debió liberarlos en medio de protestas callejeras de organismos de derechos humanos y partidos populares. De la Sota juró que su policía es “garantista” pero no le creyó nadie.
