La corrupción llena bolsillos ricos y vacía bolsillos pobres

La sociedad en su conjunto no es inocente. Los partidos políticos, los dirigentes, los sindicatos, los medios de comunicación, la Iglesia, y los otros factores de presión también lo son. No se eximen los organismos internacionales de crédito y de supuesta promoción del bienestar mundial que hasta hubieron de negar sistemáticamente la palabra.

Por Ana Luisa De Maio. La corrupción destroza a los pueblos. Los Estados aún debaten cómo poner en marcha los mecanismos e instrumentos preventivos. La lentitud y liviandad con que la dirigencia política y aún parte de la ciudadanía actúan respecto de este flagelo, contrasta con los deseos victoriosos que declaman en sus discursos. No se trata siquiera de una nueva forma delictual. Tampoco de la aparición imprevista de un dragón que comenzó a arrebatarnos con sus lenguas de fuego.
Suele leerse y escucharse que su “índice de percepción” ha alcanzado niveles extraordinarios. ¿Es que el prefijo “extra” cambia la cuestión? ¿Es que estamos dispuestos a consentir niveles de percepción “ordinarios”?.

“La corrupción es mucho más destructiva que el simple hecho de transferir dinero de los bolsillos de los desdichados a los bolsillos de los funcionarios gubernamentales bien colocados. La corrupción inhibe la formación de capital y el desarrollo laboral” escribe Jennifer Roback Morse, investigadora decana en Economía del Instituto Acton. Y agrega: “(…) Los recursos morales de un país como la transparencia de gobierno, la falta de corrupción y el imperio de la ley marcan la diferencia entre una economía empobrecida y una próspera (…)”.

Mirar la corrupción desde esta aseveración simplista, sólo demuestra desconocimiento de la gravedad del problema. Gestar una frase condenatoria con tanto desacierto, merecería el premio “Anobel”. Sin embargo, también se percibe que muchos creen que se trata solamente de eso. El entretejido de las “redes de corrupción” es mucho más complicado y serio. No sólo transfiere dinero del desdichado, sino el dinero de todo un Estado sin interesar si es desarrollado o no. Se ha comprobado que semejante ignonimia alcanza a cualquier tipo de nación. Casos de corrupción extrema han sido descubiertos en Estados Unidos, Alemania y España, Italia y hasta el Reino Unido.

Tampoco alcanza declamar que circula “al bolsillo de los funcionarios gubernamentales”. Algunos poderosos capitales privados han visto aumentar sus ganancias y activos gracias a actos de corrupción pergeñados, eso sí, con la complicidad de algún funcionario y el desinterés del Estado.
Sea como fuese, ni el sector privado ni el estadual son ajenos a este delito. El primero, buscando una ganancia o rédito económico, contratos a medida o simplemente encontrándose con una habilitación para su pequeño kiosco o un gran salón bailable, sin haber cumplido los debidos requisitos. El sector estadual, a través de la múltiple y confusa normativa, permitiendo sentar las bases de su contrario: una anomia tal que cumplirlas o no, hace que no cambie la cuestión. La impunidad con que actúan los órganos representativos y el judicial también merecen ser destacadas, por ser cómplices primarios.

Por estos motivos es que se ha elegido el párrafo de Tulio Halperín Dongui. La sociedad en su conjunto no es inocente. Los partidos políticos, los dirigentes, los sindicatos, los medios de comunicación, la Iglesia, y los otros factores de presión también lo son. No se eximen los organismos internacionales de crédito y de supuesta promoción del bienestar mundial que hasta hubieron de negar sistemáticamente la palabra.

Pero el propio silencio hizo explosión. Las medidas preventivas hubiesen sido más eficaces si más temprano se hubiese actuado. ¿Cómo desentrañar ahora semejante tramado, si hasta corporaciones transformadoras del dinero sucio en legal, levantan hoteles, contratan los servicios esenciales, manejan políticos, tienen más poder que el verdadero poder, hasta el punto de haber querido comprar parte de la deuda externa de algún país latinoamericano, a cambio de asumir un poder estatal considerado legítimo.
Es que se ha tomado semi conciencia de la situación y dejado actuar libremente durante décadas y en las sombras- siempre en lo oscuro- lo que se pretende erradicar mediante medidas y convenciones. Es verdad que las sanciones no bastan, como tampoco los acuerdos y pactos. Pero rendirse ante la grandiosidad del delito, sería estar convencidos del “no se puede”. Y eso significaría la condena a muerte de miles de personas que luchan desesperadamente por el mantenimiento de sus vidas y las de sus hijos. Luchan con igual denuedo por mantenerse en sus trabajos- si lo tienen- actuando con acuerdo a la ley, esperanzados en la posibilidad de una realización mejor sin prestar atención a los transgresores burladores y triunfadores. Porque, para colmo, los vemos: están aquí y allá. Son compañeros de trabajo, “buena gente”, con buena familia.

Cuesta comprender que el corrupto desprecia en su interior al otro, hasta considerarlo falto de sentido. No importa qué tanto mal haga, pues su escala de medición de valores está totalmente desvirtuada. Da lo mismo que condene a uno, diez, cien, mil o millones. Por supuesto que escribir “no se puede” equivale a una claudicación. Y no es esa la bandera la que vamos a alzar sino la de la batalla. Personas que devienen en ejemplos mundiales, atrayendo a otras tantas, han elegido esta última opción. Saben que el camino es arduo, que sus encuestas no son del todo favorables, que pueden percibir porque la generalización “no tiene recibo de soborno” y “no hace falta infringir la ley para ser corruptos”.
Es posible que “el reformador potencial de la corrupción no sepa por donde empezar” y que “los gobiernos comprometidos han tropezado con su incapacidad para enfrentar mejor el problema” (“Desarrollando Respuestas.” Source Book. Capitulo 3). Los principios relevantes aplicables a lo público: el interés, la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas, la apertura, la honestidad, el liderazgo y la responsabilidad serían un buen comienzo si realmente se concientiza sobre la importancia de acatar los mismos, pudiendo llegar a lograr que el bien común prime sobre el interés privado o sectorial.

Pero, se ha escrito, no es sólo en la esfera pública en donde debe actuarse, sino también sobre la privada. La apatía, el desinterés y la desinformación son parámetros evidentes de que la corrupción tiende a ser aceptada con resignación y parte de la vida cotidiana. En lugar de internalizar el marco ético necesario para partir hacia un futuro mejor, se ha logrado exactamente lo opuesto, y cualquier visión estratégica de lucha y de conjunto caería en saco roto si no toma en cuenta este otro lado del problema. Empero, pueden formularse algunos ejes centrales básicos a considerar y sobre los cuales inferir directamente, tales como:

1) Reformar desde la cultura

La concientización de los valores éticos y morales que permiten la convivencia en cualquier tipo de sociedad es un trabajo arduo y extenso. Desde el círculo primario familiar hasta las instituciones educativas -desde lo básico hasta lo superior- las personas recibimos, aceptamos y acatamos las normas de coexistencia. Se propone como primer punto en cuestión, porque desde allí y aunque no se logre el efecto inmediato, suponemos que en el futuro podría tener mayor cantidad de garantes y personas comprometidas no sólo en su vida privada sino con lo público. Con el bien de su semejante. Puede parecer una utopía, pero no lo es. Serán menos los que se atrevan a las transgresiones éticas, si son más los que incorporaron respeto a los valores como parte de sus vidas. La educación cumple un rol fundamental y el Estado no puede hacerse el desentendido porque es una de sus funciones esenciales. Tampoco los particulares que se dedican a una actividad excesivamente reglamentada en el planillaje, pero descuidada en las currículas y contenidos.
Mediante un plan de educación a largo plazo, consensuado entre todos los actores sociales, avanzando hacia un marco referencial virtuoso y transformándola en política de estado, la cultura resultaría un bien intocable.

Las reformas de conciencia que se necesitan para luchar contra la corrupción no aparecen de inmediato. Surgen luego de un largo proceso que contribuye a crear “aquellos estados de ánimo dispuesto a estallar por una causa que se considera común”, como debe serlo erradicar este flagelo. “(…) La cultura es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. El hombre es sobre todo espíritu, creación histórica y no naturaleza (…) Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que hay que rellenar y apuntar con datos empíricos, con hechos en bruto e inconexos que él tendrá luego que encasillarse en el cerebro, como en las columnas de un diccionario para poder contestar, en cada ocasión, a los estímulos varios del mundo externo. Esa forma de cultura es verdaderamente dañina (…) sólo sirve para producir desorientados (…)”. (Antonio Gramsci)

Los beneficios serán variados y consecuentemente:
• – Las normativas serán sensatas y sencillas.
• – Las reglas de juego estarán claras.
• -Lo anormal será verdaderamente “anormal”.
• – La calidad de vida y el cumplimiento de la ley estarán garantizadas
• El sistema democrático será el cauce normal de las demandas sociales y se promoverá el desarrollo sostenible.

Quizás se piense que se confía demasiado en los réditos de una reforma estructural. No se desconoce que para ello deberá contarse con la voluntad política de dar el primer paso y una población suficientemente informada del para qué.

2) Libre acceso a la información

Un buen sistema de información acerca de las actividades públicas y privadas relacionadas con lo público, constituiría un buen punto de partida. La información actual es asimétrica. La “mano invisible del mercado” no la transforma. Los medios de comunicación y los formadores de opinión son punto clave en la lucha. Es conocida “informalmente” su capacidad de presión- positiva o negativa- sobre funcionarios y el público en general, sobre el modo de resolución de algunos conflictos, sanciones de leyes, caídas y promociones de gobernantes
Este eje central significa libertad de prensa, la no concentración de la información en manos de unos pocos, que formando un consorcio informativo, reciclan lo que saben y lo envuelven en retóricas inentendibles. Tampoco el Estado ha sido ajeno a ésto y lo usufructúa en su beneficio. Algunos comunicadores sociales han perdido toda credibilidad ante su gente, pero aún así son escuchados. Si no son creíbles ¿por qué mecanismo de flagelación social se los atiende?
Si la sociedad civil contase con el conocimiento oportuno y en forma de toda la actividad que se realiza dentro del Estado y la del accionar de sus funcionarios públicos, tendría en sí misma una herramienta de monitoreo y control de incalculable valor, sobre todas las cuestiones de Estado, con normativas no excepcionales (salvo las cuestiones que tendrían que ver con la seguridad nacional, aunque su amplitud es un tema para debatir largamente). También se sabría sobre las empresas que interactúan con el Estado conociendo sus orígenes, cuándo, cómo y de dónde se han formado y obtenido sus capitales. “Cada ciudadano es propietario de una cuota de patrimonio público”. Claro que, para interpretar toda la información, deberíamos no entrar en el doble juego que casi siempre se nos presenta. Y para no jugar, deberíamos saber desentrañar y concatenar datos, hechos, palabras, acontecimientos. Y volvemos entonces, a la necesaria educación y reforma cultural antes relacionada.

Con un claro derecho de acceso a la información se obtendrían algunas ventajas:
• – Divulgación de las leyes
• – Conocimiento fiel de los actos del Estado.
• – Monitoreo y evaluación de la actuaciones públicas y privadas.
• – Conocimiento sobre la financiación de los partidos políticos e intereses creados.
• Acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los servidores públicos y de aquellos privados colaboradores de la acción estuadual, cuya presentación sería ineludible atento a la divulgación de la ley que requiere su cumplimiento.
• – La obligatoriedad de rendir cuentas.
• – Descompresión de procesos judiciales. Se sostiene que la condena social es más eficaz que la pública.
• – El poder judicial debería actuar conforme a sus principios, pues la propia ciudadanía se lo exigiría. Nuestro país tiene ejemplos claros de actuación eficaz producida por movilizadores de conciencias.

3) Revisión de las instituciones

Las dos premisas anteriores causan por propio decantamiento que las instituciones revisen sus planteamientos sobre conducta ética. En este sentido la OCDE ha propuesto principios, que hacemos nuestros, como medios de un sistema de integración.

• Los estándares éticos para el servicio público deben ser claros y estar reflejados en la estructura legal, disponibles para los servidores públicos (y agregamos para la ciudadanía en general).
• El compromiso político con la ética debe reforzar la conducta de los servidores públicos.
• El proceso de toma de decisiones debe ser transparente y abierto al escrutinio.
• Deben existir directrices claras para la interacción entre el sector público y el privado.
• Los directivos deben demostrar y promover una conducta ética, así como las políticas de administración, procedimientos y prácticas, condiciones del servicio público y la administración de los recursos humanos.

4) Mantenimiento de organismos externos de monitoreo y control independientes

El control y evaluación de las actividades públicas, en pos del combate que se libra contra la corrupción necesita de organismos de monitoreo y control que cuenten con el suficiente respaldo de todos los actores sociales, desde el propio Estado hasta los habitantes, rescatando el principio de que es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes. La coordinación interinstitucional e intersocial de estos organismos, que integran el llamado “Aparato Anticorrupción” resulta imprescindible.
La Convención Interamericana y la de las Naciones Unidas contra Corrupción, formulan esta herramienta como medida preventiva, pero en general se la utiliza como medio de sanción ante conductas corruptas, cumpliendo el principio “el derecho llega tarde”.

“(…) Se parte de la suposición de que la determinación de altos niveles de sanción eliminan el problema; pero no es así. No importa cuan exigentes puedan ser las normas prohibitivas establecidas, no pueden regular todas las contingencias que se dan en la vida cotidiana de los servidores públicos. (Del documento preliminar elaborado por el CLAD. “Obstáculos institucionales que limitan las funciones de los organismos gubernamentales de combate a la corrupción en América Latina). ¿Sirven el monitoreo y la evaluación si no se traducen en reformas políticas e institucionales claras? Para ello, deberían mantenerse apartados de las presiones que sufren desde adentro y afuera, desde el Estado y los sectores privados involucrados.
Se trata de prevenir, sin propugnar la impunidad. Hace falta conciencia, voluntad política, ordenación de jurisdicciones, delineamientos claros de los ámbitos de actuación y sobre todo, de dotarlos de un poder coercitivo para que sus evaluaciones no formen simplemente una parva de papeles, sino un elemento decisivo a la hora de la actuación conjunta en la formulación e implementación de políticas públicas, del ejercicio de los deberes y derechos políticos, sociales y económicos dirigidos para y con la sociedad.
La posibilidad de ejecución de lo recomendado por las Convenciones, requiere un avance cultural genuino, un libre acceso a la información, la revisión de las instituciones y todas las consecuencias que de ellas deriven.

5) La activa participación ciudadana

Se habrá observado que en todos los ejes que se proponen, el habitante no es ajeno. Aparece en cada una de ellas como entorno decisorio y de control. Destacar su acción a través de organismos no gubernamentales y asociaciones civiles, denota que demanda, participa y sugiere.
“Transparencia Internacional” aparece como el paradigma, pero también otras ONGs de actuación local sugieren que la participación aparece como constante. Según se lee en el informe del PNUD “La democracia en América Latina”, algunos líderes políticos locales observan con cierto grado de preocupación su avance. Algunas de sus conclusiones resultan positivas como el índice de apoyo ciudadano a la democracia (IAD) que marca cerca de un 40 /45 % la orientación prodemocrática de la población. Se necesita aún más apoyo y más culturización en la democracia. Alarma el informe cuando sostiene que sólo nueve de los más de doscientos líderes políticos entrevistados considera a la corrupción como un problema central. Así y todo, la participación en casi toda América Latina ha aumentado y se percibe como una de las caras más visibles del proceso de construcción democrática.

La ciudadanía se mantiene atenta y requiere de los controles, pero a través de canales alternativos a los partidos políticos, que parecen atravesar por una crisis de representación. ¿Cómo se contribuye a lograr una mayor participación?

La respuesta podría abordarse desde el mismo informe: “Más que decirle a la gente que participe o se organice, lo que hay que hacer es incluirla y la inclusión no es sólo un problema de canales para que la gente hable o proteste, sino que es ir al concepto de libertad sobre la base de la solución de la necesidad, es la inversión social, es ampliar la cobertura, la calidad de la educación (…). Con Estados mínimos y débiles sólo puede aspirarse a conservar democracias electorales. La democracia de ciudadanía requiere una estabilidad que asegure la universalidad de los derechos (…)”
Con la educación en los valores éticos y en el compromiso con nuestro semejante, la ciudadanía alcanzará a ser integral: punto de partida y llegada de cualquier de tipo de medida que se tome contra los corruptos que nos denigran como persona, como habitante y ciudadano de un país que a veces se nos presenta como no transparente y bufón.

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