Trenes, subtes y camiones… y los mezquinos intereses electoralistas

Trenes, subtes y camiones, vehículos de la lucha política. La política de la semana en Argentina, dio tumbos alrededor del manejo de trenes, subtes y camiones. La presidenta, el jefe de gobierno porteño y el titular de la CGT, al volante, acelerando y embistiéndose.

Tragedia de Once

Por Emilio Marín

Al final el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, presentó su renuncia, aunque su jefe, Julio De Vido, lo despidió amablemente con un “hasta pronto”. El renunciante alegó motivos de salud física, cuando lo suyo era un problema político. Su corazón estaba fatigado pero su figura estaba colapsada, luego de la catástrofe ferroviaria del 22 de febrero.
En su carta de despedida, Schiavi se reivindicó como un militante peronista de toda la vida, con algunos “pecados veniales”. ¿Aludía a que fue jefe de campaña de Mauricio Macri en las elecciones a jefe de gobierno en 2003?
Más que revolver esas páginas amarillas de su vida, habría sido mejor que el funcionario hiciera alguna autocrítica por su falta de controles a los concesionarios ferroviarios. Dejar pasar las 451 multas que recibió TBA con tal de mantener la cuestionada privatización, ese sí que fue un pecado de los que no se libra en un santiamén.
La salida del secretario era un final cantado, camuflado por una dolencia cardíaca. El cese de la concesión a los hermanos Cirigliano también es una pera madura a punto de comprobar la vigencia de la ley de gravedad.
Lo que no está claro es si el gobierno cambiará su política de transporte ferroviario y mandará a vía muerta la heredada del menemismo. En principio no es la idea de la presidenta, que ha ratificado la línea fracasada y al ministro que la expresa, De Vido. Con un nuevo secretario proveniente de la intendencia de Granadero Baigorria, en la Casa Rosada suponen que “escoba nueva barre mejor”.
La mayoría de la opinión pública pide un cambio sustancial y cree que doblan las campanas por la privatización noventista. La ministra de la Corte, Carmen Argibay, declaró que la gente viaja como ganado y así aportó a la alcancía de la renacionalización ferroviaria.
Esa solución no es puramente ideológica, aunque tiene un componente político y de ideas. Está inspirada por la realidad y el fracaso monumental de las recetas fondomonetaristas de los ´90, mantenidas en formol hasta hoy.
El juez Claudio Bonadío no tiene una currícula propia de quien llega a pelearse con el Ejecutivo con tal de ejercer su cargo con independencia, pero es probable que su investigación ponga en jaque el status quo privatizador.

El fiscal Federico Delgado también pone lo suyo en el expediente para que esta vez no haya impunidad.
La causa judicial puede insumir más tiempo del deseado, para llegar a un fallo justo. Eso no autoriza a que CFK navegue a dos aguas en esta tragedia del modelo de país y de tantas familias mutiladas: debería subirse a la locomotora, tocar pito y poner en marcha la renacionalización de un buen tren para todos.

No regalar el Subte

Hubo un sorpresivo cambio de posición de Macri, de no aceptar el traspaso del Subte de Buenos Aires pese a tener firmada con la Nación el acta del traspaso. Tal falta de compromiso es tanto o más reprochable cuando, a apenas dos días de la citada acta, el jefe de gobierno porteño decidió unilateralmente el aumento del 127 por ciento en el boleto del Subte. Y lo hizo valer ante las medidas cautelares en su contra promovidas por centenares de miles de usuarios y una Multisectorial creada a tal efecto por los trabajadores de Metrovías.
Frente a esa negativa macrista, el vicepresidente Amado Boudou –que ya estaba bajo el fuego de una interesada campaña de denuncias de Clarín y “La Nación”- manifestó que el gobierno iría hasta la Corte Suprema para obligar a la Ciudad a aceptar la transferencia.
Boudou no razonaba bien en esos días, porque enunció una táctica de judicializar la política. Mucho más avezada, Cristina Fernández anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para que del debate político y parlamentario surgiera una decisión inapelable.
Si ese traspaso se judicializa se habrá sacado de la órbita del debate público protagonizado por los legisladores electos por la gente. Se privilegiaría así lo técnico y legal. Una mitad de biblioteca le daría la razón a Macri, quien alega que puede retroceder porque a la mencionada acta le faltaba la aprobación final de la Legislatura de la Ciudad. Otra mitad de la biblioteca jurídica dirá, con tanta mayor razón, que el acta firmada fue el principio de ejecución del acuerdo de partes, que el Estado nacional puso su subsidio anual de 370 millones de pesos y que el de la Ciudad Autónoma decidió el aumentazo de la tarifa, como parte de asumir la conducción en el período de transición.
El juego de las dos partes enfrentadas muestra hacia dónde se inclinan. Macri busca cautelares en la justicia, para que se congele la situación actual, o más bien, para no tener que hacerse cargo del servicio. Y la presidenta, evitando dar el paso en falso de su vicepresidente, quiere instalar el debate político en el Congreso.
Entre las dos alternativas, la menos mala es la auspiciada por Cristina. Su apuesta se vio reforzada por la decisión anunciada por De Vido: se transferirán 30 líneas de colectivos con subsidio de la Nación y que funcionan en el área de la Ciudad. Actualmente esas líneas le insumen al país mil millones de pesos anuales en subsidios, que ahora debería oblar la gestión del PRO.
En esta polémica hay una tercera posición que el kirchnerismo descarta: reestatizar el Subte con control de usuarios, trabajadores, Universidad Tecnológica Nacional (UTN) e Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Si hasta 2011 el Estado ponía subsidios por más de 700 millones de pesos anuales y financiaba la mayor parte de las obras, y siendo un servicio esencial para 1.2 millón de usuarios diarios, ¿por qué regalar el Subte al binomio PRO-Roggio/Metrovías? ¿Acaso son tan diferentes de los impresentables de TBA?

No pelearse tanto con camioneros

Una disputa áspera con los inescrupulosos empresarios del transporte y con la antes híper amiga Repsol, tiene una alta justificación porque se trata de monopolios que detentan servicios públicos esenciales o recursos naturales estratégicos.
Se entiende muy bien la pelea política con Macri, el sobreviviente de los presidenciables de la oposición conservadora, que duró más porque precisamente no subió al ring de octubre pasado.
En cambio no se justifican tantos agravios al magisterio, como las hirientes y erráticas afirmaciones presidenciales del 1 de marzo. Estas le costaron que el 6 de marzo pararan en forma masiva las escuelas de todo el país y varias universidades, luego de la convocatoria de los gremios del sector y la Conadu Histórica.
En similar sintonía fina, la presidenta ha seguido demorando una reunión pedida hace varias semanas por la CGT, que quiere discutir asuntos relativos al movimiento obrero. En la Casa Rosada al camionero Hugo Moyano lo tienen con el cepo puesto, como si hubiera estacionado en lugar prohibido.
Esa situación de “cordón sanitario” fue explotada por el cegetista con bastante humor, al comentar la entrevista que la mandataria dio al rockero británico Rogelio Aguas. Moyano comentó: “A Waters sí lo recibe porque es rubio, a mí no porque soy negro y no sé tocar ni la flauta”.
Se supone que la jefa de Estado no quiere darle audiencia al sindicalista por sus duros reclamos en el acto de Huracán, de diciembre pasado. Pero entre los ministros y dirigentes justicialistas, ¿no hay nadie que la aconseje bien? Por ejemplo, en el sentido de dialogar con la CGT, aceptarle algunos puntos y rechazar otros, fijar un cronograma donde ciertas reivindicaciones se darán ahora, como la negociación salarial y el aumento del monto mínimo del impuesto a las ganancias, y otras quedarán para más adelante, por caso la deuda millonaria con las obras sociales.

¿Nadie en el gobierno puede lograr que la presidenta recapacite y haga más amigable su disputa con la CGT? ¿Ni siquiera Carlos Zannini y Máximo Kirchner? Alguien debería explicarle que si está en una dura confrontación de política interna con el macrismo y los medios monopólicos, y una aún más difícil patriada de política internacional con el imperio británico a propósito de Malvinas, lo aconsejable es una política nacional y popular de gran amplitud. Y en ese círculo abarcador lo mejor sería tratar de cerrar algunas heridas con la CGT que tanto defendió al gobierno de Néstor Kirchner y al suyo propio.

El 14 de junio próximo, en la reunión de la ONU por Malvinas, Argentina debería presentar el frente interno lo más compacto posible. Si no hubiera otras razones de mayor peso, esta aspiración a recuperar la soberanía nacional sobre las islas ya sería suficiente argumento para reabrir el debate y escuchar otras opiniones. Un gobierno casi sordo a reclamos de trabajadores ferroviarios, público, usuarios y Auditoría General de la Nación no vio que se avecinaba el choque fatal en Once. Que la visión empañada y la falta de frenos a tiempo no provoque otros choques con camiones…

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