¿Qué hace Lenin Moreno con la economía en Ecuador?

Ecuador es un país donde los sectores económicos están controlados semi-oligopólicamente, donde los grandes beneficiados económicos de las políticas del gobierno de Rafael Correa -pese a sus quejas- fueron los grandes capitales y donde la capacidad productiva de las empresas es baja y carece de diversificación pese al tan “carareado” cambio de matriz productiva.

Presidente ecuatoriano Lenin Moreno

Presidente ecuatoriano Lenin Moreno

Por Decio Machado. Breve análisis sobre las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. La situación de endeudamiento y recesión económica en la que dejó el gobierno anterior al país requiere de grandes dosis de pragmatismo para articular una política económica adecuada para el Ecuador. Sin embargo, el pragmatismo es también una ideología cuyos límites están en la dificultad para prever las consecuencias a largo plazo de las políticas gubernamentales y en la tendencia a desentenderse de realidades que no encajen en visiones cortoplacistas de conveniencias momentáneas.

Así las cosas, el país requiere de un plan económico que aún no tenemos y que va más allá de meras líneas de acción coyunturales como las expresadas hasta ahora por el actual gobierno nacional.
Respecto a lo anterior, cabe reseñar que toda política económica debería buscar a la postre cuatro ejes básicos: lograr un crecimiento económico sostenido en el tiempo, conseguir la estabilidad de los precios, favorecer el empleo y lograr un marco de justicia económica y social para el conjunto de la población.

Para lograr esos fines, todo manual de Estado aplicado a la política económica se vale de un serie de instituciones y actores que pueden ser directos –el Estado en todos sus niveles y así como sus instituciones públicas- e indirectos –banca, asociaciones empresariales, corporaciones transnacionales, inversionistas y sindicatos-. El objetivo ideal de cualquier Estado es que tanto unos como otros avancen juntos en la misma dirección para conseguir que las políticas sean efectivas y cumplan los objetivos trazados.

Para ello hace falta, en la medida de lo posible, alcanzar un acuerdo democratizador que fomente la producción, el empleo y los ingresos con justicia social. Todo ello teniendo presente que vivimos en un país donde los sectores económicos están controlados semi-oligopólicamente, donde los grandes beneficiados económicos de las políticas del gobierno anterior -pese a sus quejas- fueron los grandes capitales y donde la capacidad productiva de las empresas es baja y carece de diversificación pese al tan “carareado” cambio de matriz productiva.

Bien, pues bajo ese esquema de pretendido consenso son cinco ejes los de intervención planteados por el presidente Moreno en la noche del 11 de octubre como medidas económicas inmediatas para reactivar la economía nacional y fomentar el empleo: eliminar la Ley de Plusvalía, fortalecer la dolarización, profundizar el programa de austeridad, combatir el contrabando y la evasión de impuestos, así como articular un cambio de política económica con base sobre el Impuesto a la Renta.

Respecto a la Ley de Plusvalía, su continuidad o derogación será decidida democráticamente por la sociedad ecuatoriana, puesto que forma parte del cuestionario de la consulta popular entregada el pasado día 2 de octubre por la secretaría jurídica de la Presidencia a la Corte Constitucional. En todo caso vale resaltar que, más allá de que es de justicia establecer medidas contra la especulación del suelo, en un país que sufre un déficit de entre 800.000 y 1.000.000 de viviendas, la entrada en vigencia de dicha ley ha significado una reducción del 15% en la construcción de estas y el sector se ha contraído en un 5% dejando de generar empleo. En el caso de ser derogada plebiscitariamente dicha normativa, tendrá que ser mediante el artículo 60 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS) como se regule el mercado del suelo y se eviten prácticas especulativas respecto a la plusvalía de bienes de inmuebles.

En el artículo 60 de dicho ordenamiento se indica:

“Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la adquisición del suelo público para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la declaración de desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio del proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo.”

El cumplimiento cabal de este artículo de la LOOTUS debería ser debidamente fiscalizado por las autoridades de control y forma parte de las políticas de descentralización y transferencia de competencias a unos gobiernos autónomos cada vez más descapitalizados, debiéndose implementar los mecanismos apropiados para la captación por parte de estos de los beneficios por el alza del precio de un bien inmueble o terreno fruto de la transformación de suelo rural a urbano, la modificación de usos del suelo o la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo a cambio de una participación justa del Estado en el beneficio económico que estos derechos adicionales significan.

Respecto a la segunda línea de acción, fortalecer la dolarización, el presidente Moreno se comprometió a presentar una ley de incentivo para la repatriación de capitales planteando la exoneración del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años a quienes cumplan con esta demanda durante el primer año de la entrada en vigor de la ley. El gobierno busca la entrada de 1.700 millones de dólares hoy fuera de la economía nacional, reequilibrando en parte el sistema monetario dolarizado y dinamizando la actividad económica. En ese sentido, también se plantea el compromiso de devolver el impuesto por ingreso de divisas a los exportadores y por el mantenimiento de las plazas de empleo en el sector, pero no se cede a la presión empresarial de eliminar el impuesto a la salida de capitales, un impuesto fundamental en una economía rentista y de escasa diversificación productiva como la ecuatoriana en aras a defender una dolarización que en la actualidad nos mantiene atrapados en el ámbito de la falta de soberanía monetaria.

Siguiendo con este apartado, preocupan más que lo dicho las posibles medidas no anunciadas por el Presidente de la República. En este sentido y al día siguiente de la alocución presidencial, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, declararía públicamente que se está trabajando con la Procuraduría General del Estado y la Cancillería para que en los próximos días sea presentado un borrador de nuevos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), los cuales durante el anterior gobierno fueron en gran parte denunciados. Según Campana, los inversionistas ven la necesidad de resucitar los TBIs para tener un marco legislativo seguro, ignorando que dicho marco jurídico especial se sobrepone a la legislación interna del país y conlleva una importante involución en el ámbito de la soberanía nacional.

Para el titular de la cartera de Comercio Exterior, la mayoría de los países con los que se pretenden establecer líneas de inversiones en Ecuador demandan la articulación de TBIs. La carencia de estos vendría a explicar en parte la baja Inversión Extranjera Directa (IED) que actualmente recibe el país, la cual se cuantifica en tan solo el 0.79% de la que llega a América Latina y Caribe. Lo que no dice este alto funcionario público es que un país como Brasil, mayor receptor de IED del subcontinente, nunca suscribió en su historia un TBI y por lo tanto no enfrenta demanda alguna ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución de arbitraje internacional que gran daño ha causado con sus sentencias al Ecuador y resto de países del Sur global.

En la noche del pasado día 11, el presidente Moreno volvió a hacer hincapié en la necesidad de profundizar el programa de austeridad sobre las cuentas púbicas ya puesto en marcha y mediante el cual se busca reducir el déficit fiscal del actual 4,7% del PIB –que en realidad está por encima del 6%- al 1% en el 2020. Para ello ya se están aplicando medidas de austeridad que conllevan la reducción del 10% en el sueldo de servidores públicos del jerárquico superior –en la actualidad el 8% del empleo público absorbe el 20% del gasto corriente en nómina-, la limitación de contratación de consultorías, pagos de horas extras y viáticos, además de la supresión de compra de vehículos de lujo y otros tantos gastos más de carácter innecesario.

A este respecto cabe destacar que las medidas planteadas se alejan del tan demandado ajuste económico reclamado desde los voceros de los grandes grupos económicos y la oposición conservadora, y que de igual manera fuera tan falsamente anunciado por el ex mandatario Rafael Correa y sus seguidores a través de las redes sociales. Al menos hasta el momento, el frente económico gubernamental demuestra entender que reducir el déficit no tiene porqué significar recortes sociales. Un ejemplo concreto de políticas alternativas en este sentido son las expuestas por el economista y profesor universitario Pablo Dávalos, quien ha llegado a plantear esquemas muy válidos que tienen parecidos al de los derivados financieros. Según Dávalos, se podrá establecer un sistema de compensación del déficit fiscal a través de la emisión de SWAPs –seguros de ejecución presupuestaria- mediante la transferencia, a año vencido, de los recursos de ejecución presupuestaria no ejecutados y convertidos en Certificados de Programación Fiscal por un monto similar al del déficit y respaldados por el Fondo de Estabilización Económica y Monetaria.

Respecto al cuarto eje de acción, lo que tiene que ver con el combate al contrabando y la evasión fiscal, el mandatario planteó que se implementará un sistema destinado a eliminar la subvaloración de mercancías, fijando aranceles que protejan la industria nacional y una tasa de control de 10 centavos por producto para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando y la evasión.

Si bien es cierto que 10 centavos por ítem puede significar mucho o poco en función del precio de cada producto gravado, lo que en principio apunta a una medida no proporcionalizada, una vez más el sector de importador –eje fundamental en una economía de escasa capacidad productiva- clama contra dicho impuesto y los aranceles en general, ignorando la dificultad que atraviesa el sector productivo nacional que sí cumple con sus obligaciones tributarias para poder competir con este segmento de competencia desleal basado en la comercialización de productos de contrabando y la necesidad de proteger la escasa producción nacional de un país sin capacidad de devaluación en su moneda.

En todo caso, las medidas planteadas por el régimen dejan entrever cierta limitación a la hora de conceptualizar excepciones de carácter estratégico, tales como podrían ser la exoneración de aranceles para el sector ciencia y tecnología o moratorias para la importación de vehículos livianos a combustión interna vs liberalización de importaciones de vehículos híbridos y eléctricos, por poner tan solo un par de ejemplos.

Ahora bien, lo más interesante de las medidas anunciadas por el presidente Moreno tiene que ver con el cambio de las políticas económicas poniendo como eje el Impuesto a la Renta, es decir, la política fiscal.

Mientras los agoreros del desastre -léase ese 20% de voto duro correista que aún queda en el país- auspiciaban un “paquetazo” económico (incremento de los precios del gas, combustibles, electricidad y la tasa del IVA), la propuesta presidencial y de su equipo de gestión se basa en la reactivación productiva poniendo en el centro de estas medidas a las pequeñas y medianas empresas.

Es así que el presidente Moreno anunció el envío en breve a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley destinado a eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta para las empresas cuyas ventas no superen los 300.000 dólares, así como para que las microempresas ya establecidas no paguen dicho impuesto por sus primeros 11.000 dólares de utilidad y los nuevos emprendedores tampoco tengan que pagar dicho tributo durante los dos primeros años de existencia.

De esta manera se articula un elemento de cambio fundamental en las políticas económicas del gobierno nacional que tiene que ver con que el Impuesto a la Renta pase a ser utilizado para incentivar a las empresas y el empleo, y no para equilibrar las cuentas públicas, tal y como pasaba antaño.

En ese sentido, a las empresas que facturen más de 300.000 dólares se les aplicará la devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo al Impuesto de la Renta, comenzando con el 50% durante el 2018. Para asegurar esa medida, el gobierno pide a los emprendedores que se cumpla con el compromiso de al menos mantener las plazas de empleo actualmente existentes.

Sin embargo, los representantes de los grandes grupos económicos del país –esos que manejan ingresos por el 59% del PIB pero tan sólo tributan en la práctica el 2.31% de estos- se quejan de que el Impuesto a la Renta pase del 22% al 25% tal y como era hasta el 2010. Las élites económicas también consideran desmedido que los ecuatorianos que perciben más de 3.000 dólares mensuales –más de ocho veces de un salario básico al que tan solo llegan menos de la mitad de la población económicamente activa- tributen el Impuesto a la Renta sobre el décimo tercer sueldo para partir del próximo año.

Al respeto cabe señalar el retrógrado nivel que demuestran los voceros y representantes políticos de estas élites, dado que hasta el propio FMI -institución financiera internacional poco sospecha de izquierdismo- plantea en su última publicación del Monitor Fiscal la necesidad de actuar sobre tres áreas básicas: el incremento de los impuestos aplicados a las rentas más altas, la adopción de un régimen con un salario básico universal y el crecimiento del gasto público en el terreno de la educación y la salud. Respecto a este último apartado, cabe significar que en el Ecuador actual, dicha inversión ha pasado a ser inferior al gasto aplicado para cubrir el déficit fiscal y pagar amortizaciones de deuda -entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales- adquirida de forma desproporcionada por el anterior gobierno durante los últimos tres años de su gestión.

Según el FMI, institución históricamente bendecida por las élites económicas latinoamericanas, el incremento de la desigualdad y la brecha social es tan grande a nivel planetario que se indica: “Nuestros resultados sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria (…) y también se podría evaluar distintos tipos de impuestos sobre la riqueza”.

Ante la voracidad de la banca privada, importante es también la medida presidencial anunciada por la cual el dinero electrónico pasaría a estar gestionado también por las cooperativas de ahorro y crédito, lo que significa darle liquidez a los sectores más olvidados de la economía nacional.

En todo caso y más allá de las medidas enfocadas de incentivar la producción poniendo énfasis en los sectores micro y medianos productivos (donde faltan propuestas para el crédito educativo, de apoyo a la mujer emprendedora, fondos de inversión de riesgo para primeros emprendimientos, programas destinados a incentivar el primer empleo y estrategias sólidas destinadas al sector agropecuario) la propuesta gubernamental demuestra una carencia en los ámbitos que tienen que ver con reincentivar ese consumo venido a menos a partir de la caída de precios del crudo.

En este sentido y más allá del riesgo de flexibilización laboral que podría suponer la actual reforma en marcha del sistema de contratación laboral en el país, una medida tan básica como la disminución del IVA en tan solo dos puntos vendría a significar un incremento de liquidez para los consumidores, tal y como ya se demostró cuando dicho impuesto regresivo pasó del 14 al 12% haciendo que la economía del país creciera un 3% en tan solo un trimestre.

También siembra dudas el anuncio presidencial de cumplir en los términos acordados con las obligaciones contraídas con proveedores internacionales, lo cual a la larga no viene a significar otra cosa que prolongar la agonía del endeudamiento heredado y desplazar al año que viene una medida –la renegociación de la deuda externa– que tendrá que se aplicada para que el Estado tenga algo de liquidez. Respecto a esto, se debe tener en cuenta que el incremento del Impuesto a la Renta para las grandes empresas, los cuales se aplicarán en 2018, comenzarán a tener sus frutos en las arcas públicas a partir del siguiente año.

En resumen y saludando el hecho de que el presidente Lenín Moreno y su gabinete no hayan sucumbido a las presiones de los grandes grupos económicos que operan en el país, las propuestas gubernamentales expuestas en la noche del 11 de octubre no conforman un programa económico sólido para salir de la crisis. Son básicamente líneas de acción político económica coyunturales y de medidas de aplicación a corto plazo. Seguimos sin hoja de ruta para salir de una economía extractivista que agudiza nuestra dependencia respecto a las necesidades de los mercados globales de commodities, seguimos sin criterio a la hora de determinar que tipo de inversión extranjera directa queremos, seguimos sin medidas claras para diversificar y democratizar el sector productivo y se mantiene la actual desvinculación entre política social y económica en Ecuador.

El autor es Director Ejecutivo de la Fundación ALDHEA.

Fuente: ALDHEA

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